El Gobierno de Puebla identificó a algunas personas presuntamente relacionadas con el crimen organizado que habrían participado en los bloqueos realizados el pasado 10 de noviembre, durante las protestas de familiares de internos del penal de San Miguel. La Fiscalía General del Estado (FGE) ya cuenta con denuncias anónimas y desarrolla líneas de investigación para determinar responsabilidades.
El coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, informó que las autoridades tienen identificados a algunos de los participantes que presuntamente aprovecharon las movilizaciones para provocar inestabilidad en la entidad. Aclaró que, aunque el Gobierno estatal no presentó una denuncia directa, ciudadanos hicieron llegar reportes a la Fiscalía.
“Hubo como se dice coloquialmente, mano negra, hubo quien quiso aprovechar para generar inestabilidad. Tenemos ya identificadas a algunas personas que participaron”, declaró.
El funcionario sostuvo que el derecho a la libre manifestación está garantizado, pero advirtió que no permitirán la intervención de grupos delictivos en este tipo de expresiones públicas.
Las indagatorias también buscan esclarecer la participación de personas encapuchadas y presuntamente armadas durante los ocho bloqueos registrados en distintos puntos de la zona metropolitana de Puebla.
Las movilizaciones fueron encabezadas por familiares de personas privadas de la libertad, quienes denunciaron presuntos cobros ilegales, extorsiones, agresiones y amenazas al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel. Sin embargo, García Parra señaló que no todos los participantes serían familiares de internos.
Como parte de las respuestas a las exigencias, dos reclusos señalados por presuntamente cometer irregularidades fueron trasladados el 12 de noviembre al penal de San Pedro Cholula.
Revisarán condiciones del penal y administración de Ceresos
Por otra parte, el coordinador de Gabinete anunció una revisión integral de las condiciones de operación del penal de San Miguel, así como de otros centros penitenciarios de Puebla, entre ellos los de Serdán y Cholula.
La supervisión contempla atender posibles irregularidades y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. También se revisará el contenido de videos difundidos en redes sociales sobre el pabellón W, aunque el funcionario señaló que las grabaciones corresponden a años anteriores.
Finalmente, adelantó que después del segundo informe del gobernador Alejandro Armenta se analizará la posibilidad de que el estado asuma la administración de los Ceresos municipales. La evaluación se realizará rumbo a 2027 y considerará la capacidad operativa de la Secretaría de Seguridad Pública.
Fotos: Agencia Enfoque
