Dos días después de que devastadoras inundaciones impactaran el centro de Texas, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) presentó serias fallas en su línea de atención, sin responder a cerca de dos tercios de las llamadas recibidas, de acuerdo con documentos revisados por The New York Times.
La causa principal de esta incapacidad se relaciona con la decisión de la agencia de despedir a cientos de contratistas de sus centros de llamadas, quienes atendían la asistencia telefónica. Este recorte ocurrió tras la expiración y falta de renovación inmediata de contratos, situación que según fuentes internas ocurrió debido a un nuevo protocolo impuesto por la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien decidió aprobar personalmente todos los gastos superiores a 100,000 dólares, demorando la renovación hasta cinco días después del vencimiento.
Este problema en la atención telefónica sucede en un contexto de fuerte escrutinio hacia la FEMA, por su respuesta lenta y limitada frente a las inundaciones que dejaron más de 120 muertos. La agencia ha sido cuestionada por no activar con prontitud equipos de búsqueda y rescate, mientras que la Casa Blanca incluso ha considerado la posibilidad de eliminarla o reformarla.
Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional defendió a la FEMA, asegurando que, pese al incremento esperado en las llamadas tras un desastre natural, el centro de atención respondió a todos los que llamaron con rapidez y eficacia, garantizando que nadie quedara sin apoyo. Sin embargo, los datos oficiales muestran un panorama distinto.
El 5 de julio, cuando las aguas empezaban a ceder, FEMA atendió casi el 100 % de las más de 3,000 llamadas recibidas, gracias al trabajo de contratistas de cuatro empresas externas. Pero esa misma noche, los contratos con esas compañías no fueron renovados, lo que provocó que el 6 de julio la agencia solo respondiera a un 36 % de las 2,363 llamadas recibidas, y el 7 de julio apenas atendiera un 16 % de más de 16,000 llamadas.
Funcionarios internos expresaron frustración ante la demora en la firma y autorización por parte de Noem, situación que prolongó la falta de capacidad en la atención. Además, expertos en gestión de desastres coincidieron en que esta falla resulta especialmente crítica para los sobrevivientes, quienes dependen de la orientación telefónica para acceder a ayudas esenciales tras perder sus hogares y pertenencias.
El fin de la práctica de la FEMA de acudir puerta a puerta en zonas afectadas, implementado recientemente, ha dejado a muchos afectados únicamente con la opción de llamar o usar el sitio web para solicitar apoyo económico o ayuda inmediata.
Por otra parte, legisladores demócratas manifestaron su preocupación porque la demora en la aprobación de gastos también habría retrasado el despliegue de equipos de búsqueda y rescate en Texas, autorizados solo tres días después de iniciadas las inundaciones. Asimismo, el administrador interino de FEMA, David Richardson, con poca experiencia en emergencias, no ha tenido apariciones públicas desde su nombramiento, lo que rompe con las prácticas habituales de liderazgo en la agencia.
En medio de este contexto, el presidente Donald Trump visitó la zona afectada, reiterando su intención de reformar la FEMA, buscando transferir más responsabilidades y costos a los estados, mientras su administración afirma que seguirá exigiendo mayor eficiencia a todas las agencias federales.
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