El presidente de Argentina, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para permitir que el Estado rechace el ingreso, cancele la residencia o expulse a personas extranjeras por expresiones consideradas ofensivas contra la población argentina o sus símbolos nacionales. La medida amplía las facultades del Ejecutivo y genera cuestionamientos por la falta de criterios precisos para aplicarla.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026 incorporó nuevas causales a los artículos 29 y 62 de la legislación migratoria. La norma alcanza a quienes difundan mensajes de odio de forma oral o escrita, inciten a la violencia por motivos de nacionalidad o participen en actos de ultraje contra símbolos patrios.
Aunque el texto excluye el disenso ideológico y la crítica política, académica o ciudadana protegida por la Constitución, no establece un procedimiento detallado para distinguir esas expresiones de las conductas sancionables. Esa ambigüedad deja un margen amplio a las autoridades para decidir qué mensaje puede impedir el ingreso o justificar una expulsión.
Especialistas alertan sobre criterios discrecionales
Lucía Galoppo, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales, explicó que el decreto no define con claridad qué constituye un discurso de odio, quién identificará a sus autores ni qué elementos deberán presentar las autoridades para sustentar una sanción. La especialista advirtió que esos vacíos pueden facilitar decisiones arbitrarias contra turistas o residentes extranjeros.
La administración de Milei sostuvo que la defensa de Argentina y de sus símbolos “no es negociable”. Sin embargo, la medida surgió después de que el mandatario denunciara, sin presentar pruebas, una supuesta campaña internacional contra el país tras las críticas recibidas durante el Mundial de fútbol de 2026.
Milei responsabilizó de esa presunta operación a los gobiernos de Brasil y México, además del Partido Demócrata de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el Gobierno mexicano participara en alguna campaña contra Argentina.
El Congreso deberá revisar el decreto
El DNU ya se encuentra vigente, pero la Comisión Bicameral Permanente del Congreso argentino deberá pronunciarse sobre su validez. Después, ambas cámaras podrán aprobarlo o rechazarlo durante el trámite legislativo correspondiente.
La nueva disposición profundiza el endurecimiento de la política migratoria del Gobierno de Milei. Aunque el Ejecutivo asegura que protegerá la libertad de expresión, especialistas advierten que su redacción puede convertir una discusión en redes sociales en motivo para limitar derechos migratorios.
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