Un tribunal federal negó el amparo al capitán de Infantería José Martínez Crespo, procesado por su presunta participación en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que su causa continuará bajo la legislación federal que contempla sanciones más elevadas.
Martínez Crespo, recluido desde noviembre de 2020 en el Campo Militar 1-A, fue el primer integrante del Ejército detenido dentro de las investigaciones del caso. El militar pertenecía al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero.
Su defensa buscaba revertir la decisión tomada en 2024 de aplicar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, vigente desde 2018, al considerar que hacerlo sobre hechos ocurridos en septiembre de 2014 representaba una aplicación retroactiva de la norma.
Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación concluyó que la desaparición forzada es un delito permanente, debido a que continúa jurídicamente mientras se desconozca el paradero o destino de las víctimas. Por ello, consideró procedente aplicar la legislación federal, que establece penas de 40 a 70 años de prisión.
Inicialmente, Martínez Crespo era procesado bajo la legislación de Guerrero, que contemplaba sanciones de entre 30 y 50 años en casos agravados. Con la negativa del amparo, se mantiene vigente el cambio al marco jurídico federal mientras continúa su proceso penal. La resolución no determina todavía su culpabilidad.
El caso ocurre a pocas semanas de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, cuyo paradero continúa sin esclarecerse plenamente.
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