En medio del debate por una posible reforma electoral impulsada por Morena, el Partido Acción Nacional (PAN) ha presentado una contrapropuesta que busca preservar la fortaleza del Instituto Nacional Electoral (INE) y evitar cambios que puedan favorecer al oficialismo.
Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, expresó su rechazo a lo que considera una estrategia del partido en el poder para modificar las reglas del proceso electoral en beneficio propio. Según explicó, Morena estaría intentando desviar la atención pública con una iniciativa que amenaza la imparcialidad del sistema electoral mexicano.
Desde su perspectiva, el proyecto de reforma de Morena carece de legitimidad, ya que fue elaborado por una comisión integrada únicamente por personajes afines a la autodenominada Cuarta Transformación, sin incorporar la opinión de especialistas ni de la sociedad civil. Ante esto, Romero subrayó la necesidad de una reforma verdaderamente democrática, construida a partir del consenso, el diálogo y el conocimiento técnico.
En su declaración, Romero acusó a Morena de querer manipular las reglas del juego electoral, pero omite el hecho de que fue el PAN quien se benefició de un proceso profundamente cuestionado en 2006, cuando Felipe Calderón asumió la presidencia en medio de protestas masivas por el presunto fraude electoral contra Andrés Manuel López Obrador.
Además, el PAN ha sido parte del bloque conservador que gobernó de la mano del PRI en el Pacto por México, promoviendo reformas estructurales que hoy son rechazadas incluso por amplios sectores de la sociedad.
Como respuesta, el PAN ha planteado una serie de propuestas que considera fundamentales para fortalecer la democracia y garantizar procesos electorales transparentes y confiables. Entre los puntos más destacados se encuentran:
- Implementar una segunda vuelta en las elecciones presidenciales, para asegurar una mayor legitimidad del Ejecutivo.
- Establecer elecciones primarias dentro de los partidos, que permitan a los ciudadanos tener más injerencia en la selección de candidatos.
- Anular elecciones cuando se compruebe la intervención del crimen organizado, con el objetivo de frenar su influencia en la política.
- Avanzar hacia el voto electrónico, como medida de modernización y eficiencia electoral.
- Consolidar gobiernos de coalición, que reflejen mejor la pluralidad política.
- Eliminar la sobrerrepresentación legislativa, para equilibrar el poder en el Congreso.
Romero insiste en que la prioridad debe ser fortalecer las instituciones, proteger la voluntad popular y blindar los procesos electorales del crimen organizado, pero para muchos ciudadanos, estas palabras llegan tarde. ¿Dónde estaba esa defensa cuando el PAN calló frente a los desvíos de recursos del PRI o durante la “guerra sucia” de Calderón?
Aunque hoy se presenten como los defensores del INE, la legitimidad del PAN está erosionada por una trayectoria de conveniencia política, acuerdos cupulares y traiciones a los principios democráticos que ahora dicen defender.
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