En el marco de las investigaciones por el intento de golpe de Estado ocurrido en enero de 2023 en Brasil, el general en retiro Mário Fernandes reconoció ante el Supremo Tribunal Federal (STF) que él fue quien elaboró el documento denominado ‘Puñal Verde y Amarillo’, un escrito que contenía supuestos escenarios para atentar contra la vida de figuras clave del Estado brasileño, incluyendo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al ministro del STF Alexandre de Moraes.
Durante su declaración, Fernandes intentó restar gravedad al asunto, explicando que el archivo no era más que una reflexión personal que digitalizó como parte de su análisis tras la derrota electoral de Jair Bolsonaro en 2022. Según su relato, el documento fue redactado e impreso mientras trabajaba en el Palacio del Planalto, pero aseguró que lo destruyó inmediatamente y que jamás lo compartió con otros.
El general expresó remordimiento por haber documentado el plan, que, según él, no pasó de ser un estudio teórico. A pesar de sus justificaciones, el contenido del escrito ha encendido las alarmas en el ámbito político y judicial brasileño.
Militares, dinero oculto y planes inconstitucionales
Las investigaciones de la Policía Federal apuntan a que el documento fue redactado en noviembre de 2022, y que fue discutido en espacios de alto nivel, incluyendo la residencia del general Braga Netto, exministro y candidato a vicepresidente junto a Bolsonaro.
Fernandes también confirmó que, dentro del círculo cercano del expresidente, se discutía seriamente la posibilidad de activar un decreto presidencial para intervenir otros poderes del Estado, bajo el argumento de que la medida tenía sustento constitucional. Mencionó incluso que llegó a conversar con el general Ramos —entonces asesor del Ejecutivo— sobre la necesidad de fortalecer esa idea si realmente se encontraba dentro del marco legal.
La declaración del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, fue clave para destapar este entramado. Según Cid, Braga Netto habría financiado parte del plan y llegó a entregar dinero en una bolsa de vino al mayor Rafael Martins de Oliveira, también implicado en el caso.
Medidas cautelares y tensiones en aumento
En respuesta al avance de la investigación, el ministro Alexandre de Moraes impuso recientemente nuevas restricciones al expresidente Jair Bolsonaro, entre ellas la colocación de una tobillera electrónica. Aunque Bolsonaro ha incumplido algunas de estas medidas, el magistrado consideró que se trató de un hecho aislado y optó por no endurecer las sanciones por el momento.
Lo que parecía una simple especulación digitalizada se ha convertido en un elemento clave para entender la profundidad de las intenciones golpistas que se gestaron en el entorno más próximo a Bolsonaro, a solo semanas de su salida del poder.
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