En un giro significativo en la dinámica geopolítica del Caribe, el gobierno de Trinidad y Tobago expresó su respaldo a la presencia militar estadounidense en la región, con el objetivo de combatir el narcotráfico y enfrentar posibles amenazas en el contexto del conflicto territorial entre Guyana y Venezuela.
La primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, confirmó que su administración está dispuesta a permitir que tropas de Estados Unidos operen desde su territorio si se produce una escalada bélica impulsada por Venezuela contra Guyana. Según explicó la mandataria, aunque su país mantiene una relación cordial con el pueblo venezolano, no vacilarán en colaborar con Washington si se ven comprometidos los derechos territoriales de Guyana.
Este respaldo se produce en un momento en que Estados Unidos ha intensificado su presencia naval en aguas cercanas a Venezuela, con buques como el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson participando en operaciones para reforzar la seguridad marítima y desarticular redes criminales.
Guyana, que ha sido clara en su postura frente al conflicto, ha reiterado su voluntad de proteger su soberanía territorial, además de manifestar su interés en fortalecer alianzas internacionales para enfrentar amenazas emergentes en la región. El presidente guyanés, Irfaan Ali, ha hecho énfasis en la necesidad de cooperación estratégica, ante un panorama cada vez más incierto por el resurgimiento del conflicto por el Esequibo.
La disputa por esta región rica en recursos naturales se remonta al Laudo Arbitral de París de 1899, que otorgó la soberanía a la entonces Guyana Británica. Mientras que Guyana insiste en que la Corte Internacional de Justicia debe resolver el caso, el gobierno de Nicolás Maduro rechaza esta vía y mantiene su reclamo sobre el territorio. La situación escaló en diciembre de 2023, cuando el régimen venezolano celebró un referéndum unilateral para incorporar el Esequibo a su mapa oficial.
En medio de este escenario tenso, la violencia vinculada al crimen organizado ha aumentado notablemente en varios países del Caribe. Según Insight Crime, Trinidad y Tobago registró 625 homicidios en el último año, con una tasa de homicidios del 45,7%, de los cuales cerca del 44% estuvieron relacionados con pandillas. La primera ministra trinitense atribuyó el auge de la violencia al tráfico de drogas, armas y personas, y advirtió que los cárteles han logrado influir en estructuras estatales, lo que complica la implementación de políticas efectivas de seguridad.
La creciente inestabilidad ha motivado reacciones internacionales. El legislador estadounidense Carlos Giménez elogió públicamente el respaldo trinitense a la misión contra el Cartel de los Soles, una organización criminal señalada por operar bajo la protección del régimen chavista. Además, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, propuso una medida contundente: clasificar a las pandillas como organizaciones terroristas, ante la incapacidad de los pequeños estados insulares de hacer frente por sí solos a estas amenazas.
Por su parte, el gobierno de Venezuela reaccionó acusando a Guyana de permitir la injerencia de potencias extranjeras, especialmente en referencia a una compañía petrolera estadounidense. Caracas sostuvo que las advertencias guyanesas buscan perjudicar la imagen internacional de Venezuela y crear un clima desfavorable para sus intereses territoriales.
En este clima de alianzas estratégicas, tensiones diplomáticas y desafíos en materia de seguridad, el futuro de la región dependerá de la disposición al diálogo, la presión de la comunidad internacional y el respeto al derecho internacional como único camino viable para evitar una escalada militar y preservar la estabilidad del Caribe.
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