Un tribunal de apelación ha fallado en contra de la periodista Anabel Hernández y la editorial Penguin Random House, determinando que partes de su libro Las señoras del narco: amar en el infierno carecen de sustento verificable, lo que representa un duro golpe a la credibilidad del trabajo de investigación presentado por la autora.
La resolución judicial, emitida el pasado 11 de julio de 2025, se centró en los fragmentos de las páginas 242 y 243, donde la escritora señala presuntos vínculos entre actrices de Televisa y el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva en el periodo de 2005 a 2006. Según la revisión del tribunal, las afirmaciones no fueron respaldadas con pruebas suficientes, y en varios casos las evidencias presentadas por la propia editorial resultaron ser contradictorias. Un ejemplo de esto fue la inconsistencia sobre la existencia de presuntos “catálogos” de actrices, que en distintos momentos se afirmó y negó.
Como parte de la sentencia, Penguin Random House deberá publicar una réplica de Televisa y emitir una disculpa pública por los señalamientos incluidos en el libro. También tendrá que nombrar a una persona responsable de atender futuras solicitudes de réplica, además de mejorar sus estándares editoriales, al considerar que incurrieron en prácticas que no cumplen con los mínimos de rigor periodístico.
Este fallo no solo afecta a la editorial, sino que también agrava la controversia en torno a la trayectoria de Hernández, quien ha sido previamente desmentida por personalidades como Galilea Montijo, Paty Navidad y Alicia Machado, mencionadas en su obra. Estas figuras públicas han cuestionado abiertamente la veracidad de las acusaciones que se hacen en su contra en el libro.
Además, analistas y críticos han señalado que el estilo narrativo de la periodista se acerca más al “periodismo de ficción” que al periodismo de investigación, lo cual pone en entredicho otras publicaciones recientes de la autora, como La historia secreta: AMLO y el cártel de Sinaloa, también criticada por la falta de documentación comprobable.
Este caso marca un precedente relevante en la industria editorial, al establecer que los libros que contienen acusaciones públicas deben contar con un proceso de verificación similar al exigido en reportajes periodísticos. En adelante, las editoriales podrían enfrentar mayores responsabilidades legales si no garantizan la solidez informativa de las obras que publican.
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