Una red de corrupción inmobiliaria en Benito Juárez ha puesto en el ojo del huracán a figuras clave del Partido Acción Nacional (PAN), y ahora el Congreso podría abrir una comisión especial para investigar el caso, con el respaldo del gobierno federal.
Durante su administración como jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum impulsó una investigación tras detectarse múltiples construcciones con irregularidades graves, principalmente violaciones al uso de suelo. La trama fue bautizada por la Fiscalía capitalina como el «cártel inmobiliario», y ha destapado una serie de presuntos actos de corrupción que se arrastran desde hace más de una década.
El caso tomó fuerza en 2021, luego de la explosión de una lavadora en un edificio de la colonia Del Valle. Habitantes denunciaron fallas estructurales y anomalías como construcciones sin escrituras o permisos irregulares. A partir de ahí, la Fiscalía comenzó a rastrear permisos otorgados a desarrolladoras que, según empresarios implicados, pagaban sobornos a funcionarios para construir fuera de norma.
Hasta abril de 2024, se habían investigado al menos 130 desarrollos y procesado a 15 funcionarios públicos.
Los rostros del PAN involucrados
Entre los nombres que más pesan en la investigación está Jorge Romero, actual dirigente nacional del PAN. Autoridades lo señalan como figura central del entramado, debido a su pasado como jefe delegacional en Benito Juárez, donde habría comenzado el modus operandi de otorgar permisos irregulares.
También figura Christian von Roehrich, exalcalde de Benito Juárez, quien fue detenido en Texas en 2023 y trasladado a México. Las autoridades lo acusan de haber intercambiado favores y departamentos por permisos de construcción, entre ellos uno en el lujoso complejo City Towers.
Otro implicado es Santiago Taboada, quien también fue alcalde de Benito Juárez y buscó la jefatura de Gobierno de CDMX en 2024. Aunque no enfrenta cargos penales, testimonios lo vinculan con las prácticas heredadas de su antecesor.
En tanto, Mauricio Tabe, actual alcalde de Miguel Hidalgo, ha sido señalado por vecinos y medios como parte de una posible expansión de este modelo de corrupción en su demarcación, aunque aún no enfrenta procedimientos judiciales.
Desde el Congreso, el PAN ha desacreditado las acusaciones. Su coordinador en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, calificó las investigaciones como un intento de desviar la atención de los escándalos de Morena, e incluso pidió que se revisen los posibles nexos del oficialismo con el crimen organizado.
Por su parte, legisladores de Morena y autoridades capitalinas han señalado que existen más de 350 millones de pesos involucrados en operaciones irregulares, además de 28 expedientes activos, con 200 construcciones señaladas por violar normas.
La fiscal general Bertha Alcalde Luján confirmó que existen 55 líneas de investigación activas, lo que refleja el alcance del caso.
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