La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente las acciones del Gobierno de Campeche respecto a la expropiación de terrenos vinculados a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, por presunto lavado de dinero y corrupción. Según explicó la mandataria federal, este caso refuerza la urgencia de reformar la Ley de Extinción de Dominio, para facilitar la recuperación de bienes adquiridos ilícitamente y destinarlos a obras públicas.
Durante su conferencia matutina, la presidenta reconoció la complejidad legal que actualmente representa aplicar la extinción de dominio, incluso en delitos donde ya existe una condena. Ante ello, anunció que se está trabajando en una iniciativa de reforma que permita acelerar estos procesos cuando existan elementos que prueben que los bienes fueron adquiridos con recursos públicos desviados o mediante prácticas corruptas.
Uno de los puntos clave, señaló, es que la autoridad judicial deberá determinar la procedencia de estas medidas, pero dejó en claro que su gobierno buscará que los bienes mal habidos sean utilizados con fines sociales, como la construcción de universidades o escuelas públicas.
En Campeche, la gobernadora Layda Sansores ha sido la principal impulsora de la medida. Informó que tres predios vinculados a Moreno, ubicados en el fraccionamiento “Miramar”, serán expropiados para construir una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Dos de ellos están a nombre del arquitecto Juan José Salazar Ferrer, señalado como prestanombres del priista, y uno más a nombre de la madre del exgobernador, Yolanda Cárdenas Montero.
Sansores detalló que los predios contaban con infraestructura de lujo, como canchas deportivas y jardines para eventos, los cuales habrían sido adquiridos como parte de un esquema irregular de “dación de pago”.
La mandataria estatal aseguró que el proceso de expropiación cumple con la nueva Ley estatal, que garantiza el derecho de audiencia de los propietarios y permite negociar el precio, aunque aclaró que una vez decretada la utilidad pública, el proyecto no se detendrá. También afirmó que los amparos no podrán frenar la obra, que deberá iniciar en aproximadamente mes y medio.
Sheinbaum, por su parte, resaltó que el caso de Campeche podría marcar un precedente para otros estados, ya que se trata de un ejemplo concreto de cómo los bienes obtenidos de forma ilícita pueden ser devueltos al pueblo. Añadió que la reforma legal que se está preparando será presentada próximamente y tendrá un enfoque más amplio que incluso contempla otros delitos como el desvío de recursos públicos o la obtención de “moches”.
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