La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este martes en defensa de las iniciativas legales que combaten el ciberacoso en los estados de Puebla y Campeche, asegurando que no representan censura sino herramientas para proteger a víctimas de violencia digital, en particular a mujeres.
En clara señal de respaldo, Sheinbaum defendió al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, al señalar que el contenido de la ley ha sido tergiversado por actores políticos y mediáticos que buscan convertir un debate legítimo en una narrativa de represión. “El tema de Puebla es una ley que tiene que ver con el ciberacoso. De ahí lo derivaron a que era una ley dedicada a censurar a quien critique al gobernador”, explicó.
Incluso reconoció que el mandatario ha promovido foros para aclarar el contenido de la reforma y ha planteado ajustes para dejar explícito que no aplica a críticas dirigidas a funcionarios públicos, sino a situaciones de acoso sistemático a través de medios digitales. “Se puede precisar, por supuesto, que no aplica a servidores públicos. Pero nuestra posición siempre es en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión”, sentenció.
Sheinbaum también explicó que la Ley de Ciberasedio de Puebla no es un caso aislado, ya que existen normativas similares en otras entidades del país, como Coahuila y Nuevo León. Aseguró que se trata de una tendencia jurídica que busca actualizar el marco legal ante nuevas formas de violencia que se propagan en el entorno digital.
Asimismo, Sheinbaum aprovechó el contexto para defender con firmeza a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien ha sido blanco de ataques en redes sociales que, según la mandataria federal, rebasan la crítica legítima para adentrarse en agresiones profundamente misóginas.
“El nivel de críticas que se ha llegado contra una mujer gobernadora, vinculadas a su físico… son agresiones que buscan denigrar a una mujer”, denunció.
Sheinbaum dejó en claro que la querella presentada en Campeche —en la que se acusa a un periodista de incurrir en violencia de género digital contra la gobernadora— no es un acto de censura, sino una defensa legal ante ataques misóginos, lo cual es completamente compatible con los derechos humanos.
“No se puede equiparar el ejercicio de la libertad de expresión con la violencia psicológica contra mujeres”, apuntó. “Quien compara una crítica editorial con acoso digital constante, demuestra ignorancia o mala fe”.
Por último, la presidenta reiteró que su gobierno está comprometido con proteger la libertad de prensa, pero también con garantizar que las mujeres en el servicio público no sean blanco de violencia machista disfrazada de periodismo o sátira política. “Nosotros no promovemos la censura. Lo que promovemos es que se discuta el tema con responsabilidad”, concluyó.
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