A pocas semanas de dejar su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek se despide con una postura de confrontación y nostalgia por un modelo judicial que, según sus propias palabras, fue fortalecido por reformas pasadas pero que ahora se ve amenazado por una transformación que no comparte.
Laynez, con una trayectoria que se extendió por cuatro sexenios y con vínculos directos a los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, se presenta como defensor de la llamada carrera judicial. Sin embargo, su visión se muestra anclada en una estructura que ha sido cuestionada por su opacidad, su escasa rendición de cuentas y su distancia de la ciudadanía.
Desde su oficina en retirada, el ministro asegura que la reforma judicial impulsada en 2024 representa un retroceso, llegando incluso a vaticinar una futura condena internacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, sus declaraciones se apoyan en supuestos más que en hechos, anticipando escenarios catastrofistas sin ofrecer datos sólidos ni un diagnóstico profundo de los problemas internos del Poder Judicial.
Laynez se muestra preocupado por la elección popular de ministros y jueces, considerándola incompatible con la naturaleza técnica de los cargos. No parece, sin embargo, cuestionarse con la misma firmeza el método que lo llevó a su nombramiento en 2015, cuando fue propuesto por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, con quien –reconoce– apenas había cruzado palabras previamente.
En su balance de gestión, el ministro defiende algunas sentencias relevantes, pero pasa por alto que el Poder Judicial dejó sin resolver cientos de casos, entre ellos, los juicios fiscales de Grupo Salinas por más de 35 mil millones de pesos, aplazados por estrategias jurídicas que, según él, fueron replicadas incluso por autoridades. Esta admisión deja entrever que el problema es más estructural de lo que Laynez está dispuesto a reconocer, y que el Poder Judicial no fue capaz de poner orden ni siquiera dentro de sus propias filas.
Además, minimiza los cuestionamientos sobre corrupción dentro del Poder Judicial, argumentando que se trata más de una percepción que de una realidad comprobable, lo cual contrasta con el creciente escepticismo público hacia jueces y magistrados.
En lo administrativo, asegura que se entregan cuentas claras y un plan de riesgos para mitigar la falta de nombramientos clave en órganos operativos, pero también admite que el pleno se resistió a completar designaciones necesarias, dejando al nuevo gobierno una Corte parcialmente paralizada desde el primer día.
A pesar de su férrea defensa de la “independencia judicial”, Laynez parece ignorar que buena parte de la ciudadanía ha perdido confianza en un sistema que, durante décadas, funcionó de espaldas al interés público. Su discurso busca proteger una estructura que hoy es vista por muchos como un poder elitista, autorreferencial y cada vez más alejado de la realidad social.
En sus últimos días en el cargo, Laynez opta por posicionarse como la voz crítica de una transformación que considera peligrosa, sin asumir que su propia gestión dejó vacíos, rezagos y una débil comunicación con la sociedad. Su despedida, más que marcar el fin de una era, refleja el agotamiento de un modelo judicial que se resiste a ser cuestionado.
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