El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, lanzó una fuerte crítica contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), acusándolo de actuar como un instrumento de censura al servicio del poder. Sin embargo, su postura ha generado polémica, ya que parece ignorar el contexto de violencia digital de género que motivó la resolución judicial.
Córdova se pronunció en la red social X para cuestionar duramente al TEPJF, al que acusó de haberse convertido en una extensión autoritaria del régimen en turno. En su mensaje, lamentó que el tribunal, según él, haya dejado de ser un órgano de justicia para operar bajo intereses políticos.
Sus declaraciones fueron una reacción a la resolución que obliga a la ciudadana Karla Estrella, residente de Hermosillo, Sonora, a publicar disculpas durante 30 días consecutivos por expresiones dirigidas a Karina Barreras, identificadas por las autoridades como parte de una campaña de ataques digitales con posibles implicaciones de violencia política de género.
A pesar de ello, Córdova no hizo mención alguna sobre el fondo del caso, ni sobre los derechos vulnerados por las expresiones que dieron lugar a la sanción, lo que ha llevado a algunos analistas a considerar su postura como parcial y politizada.
El periodista Sergio Sarmiento, quien también se expresó en contra del fallo, compartió una cita que sugiere que obligar a alguien a disculparse públicamente es un acto humillante. Sin embargo, expertos en derecho electoral han señalado que la sanción tiene como objetivo garantizar una reparación simbólica frente a posibles expresiones discriminatorias.
Organismos y especialistas en derechos digitales y equidad de género han recordado que la libertad de expresión no debe utilizarse como escudo para justificar ataques personales o sistemáticos contra mujeres en la esfera pública, una realidad que ha sido reconocida por distintas sentencias tanto nacionales como internacionales.
Para algunos observadores, las críticas de Córdova revelan una narrativa que desconoce el creciente fenómeno de violencia política de género y minimiza el papel de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas. Le reprochan también que, mientras ocupó un cargo de poder, no siempre mostró el mismo nivel de indignación ante otras formas de represión o censura.
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