Los activistas Pascual Bermúdez Chantes y Rogelio Flores, reconocidos por su lucha en defensa del agua en Xoxtla, fueron exonerados de las acusaciones penales que enfrentaban por supuestos delitos de despojo y daño en propiedad ajena. El juez penal de la región centro-poniente, David Rodríguez González, concluyó que los testimonios presentados por la empresa Concesiones Integrales no eran válidos, pues los supuestos testigos no estuvieron presentes en el lugar ni en el momento de los hechos denunciados.
Esta resolución se basa en el mismo criterio que el juez utilizó para liberar previamente al activista Renato Romero Camacho, también vinculado al movimiento por la defensa del agua. En ambos casos, se determinó que los testigos ofrecidos por el ministerio público no solo carecían de presencia física durante los sucesos, sino que ya habían sido descalificados judicialmente en procesos anteriores, restándoles cualquier valor legal.
El abogado Tonatiuh Sarabia Amador, defensor legal de los activistas, explicó que esta denuncia fue parte de una estrategia para intentar frenar la oposición social contra los acuerdos entre el ayuntamiento de Xoxtla y la empresa Concesiones Integrales, los cuales permitirían la explotación del pozo número 4. Según el abogado, este tipo de procesos judiciales sin fundamentos reflejan el creciente conflicto entre comunidades y empresas privadas que buscan lucrar con recursos naturales, especialmente el agua.
A pesar de esta victoria legal, la defensa advirtió que sigue pendiente un proceso judicial relacionado con el bloqueo de la autopista México-Puebla, en el cual también está involucrado Renato Romero. La nueva audiencia para este caso se realizará el 1 de septiembre en tribunales federales.
Además, se ha anunciado que el próximo 26 de agosto, habitantes de Xoxtla, Santa María Acuexcomac y otras comunidades de la región se movilizarán en las oficinas de la Conagua en Puebla, para exigir que se ponga fin al respaldo institucional hacia empresas privadas que, aseguran, han estado saqueando los recursos hídricos. También participarán grupos de la Sierra Norte que se oponen a la actividad minera e hidroeléctrica por el daño ambiental que conllevan.
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