Los coordinadores de las bancadas de Morena y del Partido Verde en el Congreso local de Puebla minimizaron la reciente acción de inconstitucionalidad presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley de Ciberasedio.
Laura Artemisa García Chávez, líder de Morena, calificó el recurso como un movimiento más de propaganda partidista que no aporta a la construcción ni mejora de la norma. Destacó que la Ley de Ciberasedio fue creada para proteger a la población poblana, y aunque respeta el derecho del PAN a presentar el recurso, consideró que la acción no contribuye al debate legislativo. Además, reconoció la participación del PAN en las mesas de trabajo para reformar el artículo 480 del Código Penal de Puebla, aunque lamentó que no presentaran propuestas concretas para modificarlo.
Por su parte, Jaime Natale Uranga, coordinador del Partido Verde, criticó duramente la iniciativa del PAN, describiéndola como un esfuerzo para ganar visibilidad mediática tras no lograr avances en el Congreso local. Natale explicó que, a pesar de las múltiples acciones del PAN para dejar sin efecto el artículo 480, ninguna ha prosperado y el grupo mayoritario votará a favor de la Ley. Asimismo, señaló que la oposición está utilizando el tema como parte de una estrategia política-electoral, dada la falta de estructura actual del PAN.
El pasado 8 de julio, el PAN, encabezado por su dirigente nacional Jorge Romero Herrera, presentó la acción de inconstitucionalidad acompañada de más de ocho mil firmas recabadas a través de una plataforma digital por el académico Luis Enrique Sánchez Díaz. Esta acción sostiene que la Ley de Ciberasedio viola derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión, el acceso libre a internet y el uso de redes sociales.
Finalmente, tanto García Chávez como Natale coincidieron en que el procedimiento correcto para debatir y modificar la Ley habría sido en las mesas de trabajo legislativas, y consideraron que el recurso ante la SCJN responde más a intereses políticos que a preocupaciones legales legítimas.
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