Las dirigencias del PRI y del PAN en Puebla levantaron la voz contra la próxima reforma electoral que impulsará el gobierno federal, acusando intentos de concentración del poder. Sin embargo, la crítica parece venir de quienes por décadas construyeron y sostuvieron los vicios del sistema político mexicano.
Por un lado, el senador priista Néstor Camarillo Medina advirtió que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum sería el paso final hacia una dictadura, al desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), eliminar los OPLES y acabar con las diputaciones plurinominales. El priista criticó lo que calificó como un intento por imponer consejeros electorales, controlar la organización de las elecciones y recortar las prerrogativas a partidos políticos.
Pero la denuncia resulta paradójica viniendo del PRI, partido que durante más de 70 años gobernó el país bajo un régimen centralizado, autoritario y marcado por fraudes electorales. Fue el mismo PRI el que construyó un sistema donde los organismos electorales estaban subordinados al poder ejecutivo, y donde las oposiciones no tenían garantías reales de competir. Hablar hoy de “riesgo democrático” sin asumir esa historia debilita la legitimidad del discurso opositor.
A la crítica se sumó la panista Carolina Beauregard Martínez, quien alertó que la reforma electoral representaría el fin de las elecciones libres y ciudadanas. Acusó que Morena quiere apropiarse del sistema electoral para asegurar su permanencia, señalando que ya no hay máscaras: se busca un modelo autoritario donde la competencia electoral esté cancelada.
Sin embargo, el PAN también tiene cuentas pendientes con la democracia. En 2006, durante la presidencia de Vicente Fox y con Felipe Calderón como candidato, el partido fue señalado por su intervención en una elección presidencial manchada por acusaciones de parcialidad institucional y resultados cuestionables. A eso se suma el respaldo histórico del PAN a decisiones que favorecieron a elites políticas y económicas, antes que a la ciudadanía.
Ambos partidos denuncian ahora lo que ellos mismos construyeron y protegieron durante décadas: un sistema de privilegios, exclusiones y estructuras que respondían al poder, no al pueblo. La defensa del INE y los organismos autónomos no puede hacerse sin memoria, ni desligarse de los momentos en que PRI y PAN los usaron como herramientas políticas a conveniencia.
La oposición afirma que defenderá al INE con movilizaciones, incluso saliendo a las calles. Pero, más allá de las declaraciones, lo que se asoma es un intento de mantener cuotas y espacios que han usado para proteger intereses partidistas, no para fortalecer la participación ciudadana.
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