Nadia Navarro Acevedo, presidenta del partido Pacto Social de Integración (PSI), manifestó que su instituto político acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante lo que considera un trato sistemáticamente desigual hacia los partidos con registro local en México.
La dirigente explicó que, pese a que PSI ha logrado sostenerse durante 14 años con representación real en distintos ayuntamientos, persiste una actitud discriminatoria desde el nivel nacional hacia los más de 80 partidos locales del país. Este sesgo, argumentó, dificulta la competencia en igualdad de condiciones y debilita la democracia federal.
Uno de los reclamos más destacados tiene que ver con las prerrogativas presupuestales, ya que —según expuso Navarro— partidos como PSI siguen recibiendo recursos como si fueran de nueva creación, incluso después de haber demostrado continuidad y representación efectiva en procesos electorales estatales.
Además, criticó la reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que rechazó sus argumentos sobre el trato inequitativo, con la excepción del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien reconoció la problemática.
Navarro también hizo un llamado a que los partidos locales sean incluidos en la próxima reforma electoral que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum. Para ella, la ampliación de la democracia pasa necesariamente por el fortalecimiento de lo local.
En términos económicos, la presidenta del PSI subrayó que la diferencia en el reparto de recursos entre partidos nacionales y locales es abismal. Mientras los seis partidos de carácter nacional recibirán más de 7,354 millones de pesos en 2025, a los institutos locales en Puebla les corresponderá una fracción mínima dentro de los 354 millones de pesos asignados a nivel estatal. Solo Morena obtendrá 2,740 millones de pesos, una cifra que supera por sí sola todo el financiamiento público estatal disponible.
Esta diferencia presupuestaria se agrava por la manera en que se calcula el financiamiento: se hace en función del padrón electoral nacional (más de 90 millones de personas) para los partidos grandes, mientras que los partidos locales deben ajustarse a padrones estatales, como el de Puebla, con apenas 5 millones de inscritos.
Navarro enfatizó que los costos operativos son similares para todos los partidos, sin importar su escala. La actual fórmula presupuestaria, según afirmó, no toma en cuenta la desigualdad estructural ni ofrece mecanismos de compensación, lo que provoca que los partidos locales enfrenten una lucha desigual.
En sus palabras, esta situación representa una amenaza al federalismo democrático, ya que los partidos locales se ven impedidos de consolidarse, formar liderazgos sólidos, ni llevar sus ideas al electorado por falta de recursos. Esta falta de apoyo termina siendo un círculo vicioso: menos recursos implican menos visibilidad, y menos visibilidad, menos votos, repitiéndose indefinidamente.
Finalmente, la dirigente subrayó la necesidad de revisar los criterios de asignación de recursos públicos, incorporando indicadores cualitativos como la representación territorial, la cobertura municipal y los costos reales de operar en zonas marginadas.
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