El PRI acudió nuevamente al INE para cuestionar la estrategia electoral de Morena rumbo a 2027, ahora mediante una denuncia contra 10 coordinadores estatales a quienes acusa de realizar actos anticipados de campaña. El partido encabezado por Alejandro Moreno solicitó medidas cautelares para frenar actividades y propaganda relacionadas con la definición de candidaturas a las 17 gubernaturas que estarán en disputa el próximo año.
La queja, presentada por el representante priista Emilio Suárez Licona, también pide revisar el origen y destino de los recursos utilizados por los coordinadores de Morena. El planteamiento del tricolor es que la autoridad electoral determine si esos gastos fueron reportados correctamente en el sistema de fiscalización. Entre los perfiles denunciados aparecen representantes de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas. Sin embargo, la denuncia representa hasta ahora el señalamiento de un partido opositor y será la autoridad electoral la que determine si existieron infracciones.
El movimiento del PRI ocurre mientras los partidos comienzan a preparar sus estructuras para la elección de 2027, lo que coloca a la denuncia dentro de una disputa política que trasciende el expediente presentado ante el INE. El reclamo priista busca cuestionar la anticipación de Morena, aunque el propio PRI también se encuentra inmerso en una confrontación política y electoral rumbo a los comicios. Apenas días antes, el INE ordenó retirar publicaciones de Alejandro Moreno y del propio partido luego de analizar quejas promovidas por Morena relacionadas con expresiones consideradas presuntamente calumniosas.
Así, la ofensiva del PRI contra Morena se suma a una creciente batalla entre partidos por el terreno electoral antes del inicio formal de las etapas de selección de candidaturas. El tricolor sostiene que Morena utiliza la figura de los coordinadores para posicionar anticipadamente a sus perfiles, mientras que corresponderá al INE y, en su caso, a los tribunales electorales determinar si las actividades denunciadas realmente constituyen actos anticipados de campaña. La disputa también evidencia cómo los partidos han comenzado a utilizar las herramientas de fiscalización y quejas electorales como parte de su confrontación rumbo a 2027.
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