Pueblos originarios de San Andrés Cholula bloquearon este martes el Bulevar Atlixco, a la altura de la zona de Desarrollo Sustentable, para exigir al gobierno municipal encabezado por Guadalupe Cuautle que retome el diálogo sobre el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y que tome en cuenta sus propuestas de protección territorial. La protesta provocó afectaciones viales en una de las conexiones más transitadas entre la zona metropolitana de Puebla y San Andrés Cholula.
Los manifestantes señalaron que su inconformidad no se limita al cierre de una calle ni a un trámite administrativo, sino que responde a una disputa de fondo por el agua, la tierra y el crecimiento inmobiliario en el municipio. Con lonas y pancartas, pidieron revisar permisos de construcción, cerrar pozos particulares en zonas residenciales y garantizar que los pueblos originarios participen en la evaluación de proyectos que puedan modificar su territorio.
De acuerdo con los inconformes, el avance de nuevos desarrollos inmobiliarios ha generado preocupación por la posible explotación de recursos hídricos y por decisiones urbanas tomadas sin suficiente consulta comunitaria. También solicitaron la intervención del Gobierno del Estado de Puebla para revisar los permisos y acompañar una mesa de diálogo que, aseguran, quedó detenida desde octubre de 2025.
El abogado Juan Carlos Flores, representante de la agrupación Cholultecas Unidos en Resistencia, señaló que existen resoluciones judiciales que han ordenado a las autoridades municipales incorporar las propuestas de los pueblos originarios en el proceso de planeación urbana. Según los manifestantes, un juez federal habría ordenado nuevamente al ayuntamiento retomar las mesas de trabajo con participación de comunidades y universidades.
Desarrollo urbano, agua y consulta: un conflicto que regresa a las calles
El bloqueo en el Bulevar Atlixco revive un conflicto que no es nuevo en San Andrés Cholula. Desde hace años, habitantes de comunidades originarias han cuestionado distintos proyectos de ordenamiento territorial al considerar que favorecen la expansión inmobiliaria sin garantizar servicios, agua ni protección suficiente para las comunidades. En 2018, durante la administración de Leoncio Paisano, se heredó un plan urbano que fue impugnado por pobladores al considerar que podía afectar viviendas, calles tradicionales e incluso zonas de valor comunitario.
Uno de los antecedentes centrales fue el amparo 1490/2019, con el que integrantes de pueblos originarios consiguieron que se revisara el programa de desarrollo urbano heredado por la administración anterior. Posteriormente, la inconformidad continuó durante los gobiernos municipales siguientes, debido a que, según los representantes comunitarios, no se concretó un documento urbano construido con participación real de las comunidades.
La exigencia actual apunta directamente al gobierno de Guadalupe Cuautle, a quien los manifestantes piden reabrir las mesas de trabajo y reconocer sus estrategias de protección territorial y del agua. Los inconformes amagaron con mantenerse en la zona hasta que las autoridades acepten retomar el diálogo, pues sostienen que el municipio no puede definir su crecimiento urbano sin escuchar a quienes habitan y defienden esos territorios desde hace generaciones.
El caso es relevante para Puebla porque coloca en el centro una discusión que atraviesa a la zona metropolitana: cómo ordenar el crecimiento urbano sin desplazar comunidades, agotar recursos ni convertir la planeación municipal en una vía abierta a intereses inmobiliarios. Las autoridades deberán responder si existen permisos irregulares, si se cumplió con la consulta correspondiente y si el nuevo Programa Municipal de Desarrollo Urbano garantizará equilibrio entre inversión, servicios públicos y derechos de los pueblos originarios.
Ilustración: Iván Rojas
