El reciente caso de intoxicación de siete menores en un domicilio particular de Huauchinango ha puesto bajo el reflector la gestión del presidente municipal, Rogelio López Angulo, quien ha minimizado la gravedad del incidente y ha generado más interrogantes que certezas.
El pasado 14 de febrero, siete niños de una misma familia fueron hospitalizados tras presentar síntomas de intoxicación. Si bien seis de ellos fueron dados de alta en pocas horas, una niña de 10 años permaneció internada hasta el domingo, momento en que fue reportada estable. Una prueba toxicológica confirmó que la menor había ingerido fentanilo, un potente opioide, mientras que los demás niños no fueron sometidos a la misma evaluación.
A pesar de esto, López Angulo insistió en que “está muy raro” que solo un menor presentara afectaciones, y descartó que los alimentos compartidos —tamales hechos en casa— fueran los responsables. Esta postura ha sido criticada por especialistas en salud pública, quienes advierten que la falta de pruebas toxicológicas a todos los niños contradice protocolos médicos básicos y pone en riesgo la integridad de los menores.
Además, la visita del DIF municipal al domicilio reveló que ninguno de los menores asistía a la escuela, un indicador adicional de riesgo social que parece haber sido ignorado por la autoridad municipal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado y las autoridades sanitarias aún analizan muestras de los alimentos, cuyos resultados podrían tardar hasta dos semanas.
El caso ha despertado cuestionamientos sobre la capacidad del gobierno local para proteger a los niños y garantizar la correcta aplicación de protocolos médicos y de seguridad alimentaria. Expertos señalan que minimizar un posible envenenamiento por fentanilo no solo es irresponsable, sino que también retrasa la identificación de posibles riesgos para otros menores de la comunidad.
En este contexto, la administración de López Angulo enfrenta una doble crítica: la insuficiente supervisión de la salud de los niños y la tardanza en asumir responsabilidad frente a un hecho que involucra sustancias altamente peligrosas.
Mientras la investigación continúa, la ciudadanía permanece a la espera de resultados oficiales que aclaren la verdadera causa de la intoxicación.
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