Después de varios días de inconformidad y movilizaciones, habitantes de la comunidad indígena de Santa María La Alta, perteneciente al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, alcanzaron un acuerdo con autoridades federales y estatales que permitirá a la población participar directamente en la administración de los recursos destinados a obras de infraestructura social.
El entendimiento fue resultado de una mesa de diálogo encabezada por el secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, con la participación del delegado en Puebla del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), David Fernández Acosta; la representante estatal del organismo, Apolinaria Martínez Arroyo, además de autoridades municipales.
Uno de los principales compromisos alcanzados consiste en que los habitantes podrán definir, mediante una asamblea comunitaria y un consejo, la aplicación de los recursos federales destinados al desarrollo de la localidad.
Con este nuevo mecanismo, la comunidad tendrá la responsabilidad de determinar las obras prioritarias y realizar la comprobación del gasto ante las instancias correspondientes, con el acompañamiento técnico y legal de las autoridades para garantizar el correcto manejo de los fondos públicos.
La medida responde a la principal demanda de los pobladores, quienes manifestaban inconformidad por la forma en que el ayuntamiento administraba los recursos dirigidos a la junta auxiliar.
Como parte del acuerdo, los habitantes también asumieron el compromiso de privilegiar el diálogo para resolver futuros desacuerdos, evitando el cierre de carreteras y otras vialidades que durante las protestas afectaron la circulación en la región.
Además, se establecieron canales permanentes de comunicación con la Secretaría de Gobernación estatal para atender cualquier diferencia mediante la vía institucional.
Gobierno estatal refrenda apoyo a comunidades indígenas
Las autoridades estatales señalaron que continuarán trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México y las autoridades locales para impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo económico y social de Santa María La Alta.
Asimismo, reiteraron que brindarán el respaldo necesario para que el nuevo esquema de administración comunitaria opere conforme a la normatividad y contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Con este acuerdo, ambas partes dieron por concluido el conflicto que originó las protestas, apostando por un modelo de participación comunitaria en la gestión de los recursos públicos destinados al desarrollo de este pueblo originario.
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