El Congreso de Puebla se encuentra contra reloj para responder al requerimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que estableció como fecha límite este miércoles 24 de junio para conocer la ruta que seguirá el Poder Legislativo en el cumplimiento de la sentencia relacionada con el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y adolescentes.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Pável Gaspar Ramírez, confirmó que la notificación del máximo tribunal fue recibida el pasado 17 de junio y que actualmente los legisladores involucrados trabajan en la definición de la respuesta institucional.
Los funcionarios señalados por la Corte son el propio Gaspar Ramírez; el presidente de la Mesa Directiva, Marcos Castro Martínez; y el titular de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Mauricio Céspedes Peregrina.
El líder parlamentario aseguró que el cumplimiento de la resolución no representa una disputa entre la autonomía legislativa y las decisiones judiciales, sino una obligación constitucional.
La resolución de la SCJN deriva de una sentencia emitida en marzo de 2022, mediante la cual ordenó al Congreso poblano realizar las adecuaciones necesarias para garantizar que las personas menores de 18 años puedan solicitar el reconocimiento legal de su identidad de género autopercibida.
Aunque Gaspar Ramírez aseguró que existe disposición para atender el mandato judicial, evitó establecer una fecha concreta para la modificación al Código Civil del Estado y señaló que las reuniones entre diputados continúan para definir los siguientes pasos.
La SCJN recordó al Congreso de Puebla que el incumplimiento de sus resoluciones puede generar consecuencias para los servidores públicos responsables. Entre las medidas contempladas se encuentra la imposición de multas económicas.
De acuerdo con el requerimiento, los diputados deberán entregar documentación que compruebe las acciones realizadas para avanzar en el cumplimiento de la sentencia.
La advertencia también alcanza al área jurídica del Congreso, debido a que la Corte señaló la responsabilidad de los superiores jerárquicos para supervisar que los procesos legislativos avancen.
Colectivos piden dejar atrás los retrasos
Organizaciones defensoras de los derechos de las infancias trans señalaron que el reconocimiento legal ya no debe estar sujeto a consultas o negociaciones políticas, al considerar que existe una resolución judicial que obliga al Congreso estatal a actuar.
Los colectivos han solicitado que la reforma al Código Civil permita garantizar procedimientos para que niñas, niños y adolescentes puedan actualizar sus documentos oficiales conforme a su identidad de género.
El caso forma parte de una serie de asuntos pendientes que el Congreso de Puebla mantiene ante la Suprema Corte, junto con temas como la regulación de la revocación de mandato, el conflicto territorial entre Hueyapan y Atempan y la eliminación formal del delito de ciberasedio.
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