Las recientes declaraciones del senador panista Ricardo Anaya han generado polémica, luego de que acusara al gobierno federal de poner en riesgo a millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos por supuestamente entregar datos biométricos a autoridades extranjeras. Sin embargo, especialistas y legisladores de Morena señalan que estas acusaciones carecen de sustento técnico y responden más a intereses políticos que a una verdadera preocupación por los derechos de los migrantes.
Anaya ha vinculado la reforma que fortalece la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos con una supuesta exigencia del gobierno estadounidense. No obstante, no presentó pruebas claras que respalden dicha afirmación, lo que ha llevado a considerar sus declaraciones como un intento por desinformar y generar alarma entre la comunidad migrante, apelando al miedo como herramienta política.
Desde el oficialismo se ha explicado que la CURP con datos biométricos tiene como objetivo mejorar los sistemas de identificación en México, especialmente en temas de seguridad y localización de personas desaparecidas. Lejos de representar una amenaza, se busca fortalecer el Estado mexicano para contar con una base confiable de identidad, que facilite incluso el acceso a servicios públicos.
La senadora de Morena, Margarita Valdez, criticó el discurso de la oposición al considerar que ignora que los datos biométricos ya se solicitan desde hace años en trámites internacionales como las visas, y que no hay evidencia de que esta información esté siendo utilizada de forma lesiva para los mexicanos en el extranjero.
Además, legisladores del partido oficialista recordaron que la reforma fue discutida y aprobada en el Congreso, y no representa ninguna entrega automática de datos a otro país, sino una mejora en el control interno de la identidad ciudadana. Aseguran que cualquier intercambio internacional de información requiere convenios formales, bajo reglas claras y protección de datos.
Algunos analistas también han señalado que este tipo de posturas, como la de Anaya, pueden dañar innecesariamente la relación entre los migrantes y el Estado mexicano, al sembrar desconfianza sin fundamentos reales. Usar la migración como herramienta de confrontación política —afirman— resulta irresponsable, sobre todo cuando se trata de millones de personas que requieren certezas y apoyo, no confusión ni miedo.
Foto: Redes
