CIUDAD DE MÉXICO, 31 DE JULIO DE 2025. — En un ejercicio de alto valor moral y político, familiares de personas desaparecidas y representantes de organizaciones civiles expusieron sus propuestas y experiencias ante las comisiones unidas de Gobernación y de Derechos Humanos, como parte del segundo bloque de comparecencias para integrar el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Dicho Consejo carga con la responsabilidad de proporcionar respuestas sobre el paradero de la mayor cantidad posible de los 121 mil 651 casos de personas no localizables que al corte de julio de 2025 refleja el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no localizadas, además de brindar un trato humano y no revictimizante a los familiares de estas personas desaparecidas en la jurisdicción territorial de la República Mexicana.
Un total de 14 aspirantes comparecen durante Segunda Jornada para evaluación de candidaturas
Durante la jornada, 14 aspirantes delinearon los ejes que impulsarían para fortalecer la búsqueda en un país donde las desapariciones han rebasado lo tolerable y lo imaginable.
Las voces de quienes viven esta tragedia en carne propia resonaron con una mezcla de dolor y determinación. Miriam Jaqueline Palmero Rosas, madre buscadora, relató la desaparición de su hija hace cinco años y abogó por la defensa de niñas, niños y adolescentes, un grupo particularmente vulnerable y a menudo revictimizado. Subrayó la urgencia de que las instituciones “consulten” a las familias, un paso fundamental para la construcción de soluciones. De igual forma, Marco Antonio Velázquez Sosa, tío de un migrante desaparecido, enfatizó que las familias deben ser la voz de sus seres queridos y propuso el uso de redes sociales como herramientas de prevención y localización.
Desde las organizaciones civiles, los aspirantes no fueron menos críticos ni propositivos. Blanca Patricia Talavera Torres llamó a «cerrar espacios a la ineficiencia gubernamental, a la corrupción y la indolencia de las instituciones» que, a su juicio, ven a las víctimas como un simple número.
María del Carmen Zamora Villedas denunció la falla de las fiscalías locales y la falta de recursos, señalando que en su colectivo encontraron 10 cuerpos en un canal de Ecatepec, un hecho que, lamentó, las autoridades han «normalizado». Emanuel Adrián Jiménez García y Omaira de Jesús Ochoa Mercado coincidieron en la necesidad de enfocar el trabajo en las víctimas y en la articulación entre colectivos y autoridades para lograr un sistema legítimo y eficaz.
Por su parte, las senadoras coincidieron en reconocer la legitimidad y autoridad moral de los familiares. La presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, aseguró que las voces de los aspirantes son una guía sobre «qué hacer y qué no hacer» en esta materia. Senadoras de Morena como Laura Itzel Castillo Juárez y María del Rocío Corona Nakamura, del PVEM, destacaron los avances legislativos recientes, como la creación de la Plataforma Única de Identidad y el uso de la Clave Única de Registro de Población (CURP) como mecanismos con fotografía y huellas dactilares para la identificación.
La jornada continuará a partir de las 9:00 horas de mañana, con un claro mensaje por parte de la sociedad civil: el nuevo marco legal es un avance, pero el éxito del Consejo Nacional Ciudadano dependerá de que su labor no se quede en el papel y de que la búsqueda se realice con la participación vinculante de quienes tienen el mayor interés en encontrar a sus seres queridos.
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