El gobernador Alejandro Armenta advirtió sobre la posible permanencia de vínculos entre grupos delictivos y dependencias públicas de Puebla, por lo que señaló la depuración institucional como uno de los principales desafíos de su administración.
Durante la rueda de prensa de este lunes, el mandatario sostuvo que la entidad arrastra problemas de infiltración criminal que, afirmó, se originaron en administraciones anteriores y podrían continuar en áreas estratégicas del gobierno y del sistema de justicia.
“Puebla por muchos años fue infiltrado por grupos delictivos, y no dudo que aún complicidades perversas mantengan presencia en la administración, o en la Fiscalía, o en el Tribunal Superior de Justicia del Estado”, declaró.
Las afirmaciones se produjeron después de que autoridades informaran sobre la detención de Juan Lira, conocido como “El Moco”, y expusieran avances de las investigaciones relacionadas con las presuntas redes de protección oficial que habrían facilitado las operaciones de organizaciones criminales en la Sierra Norte.
Ante este escenario, el titular del Ejecutivo estatal aseguró que su gobierno buscará intervenir en las instituciones donde se identifiquen posibles actos de corrupción o complicidades con la delincuencia organizada.
No obstante, subrayó que las acciones deberán sustentarse en procedimientos legales y respetar las garantías de las personas involucradas, sin anticipar responsabilidades antes de que sean determinadas por las autoridades competentes.
“Nos corresponde a nosotros, con apego a la ley, como lo estamos haciendo permanentemente, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, actuar contundentemente para limpiar a estas instituciones que nos heredaron del viejo régimen, absolutamente colapsadas y llenas de corrupción”, afirmó.
El gobernador vinculó esta tarea con la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en las dependencias encargadas de la seguridad y la procuración e impartición de justicia.
Investigaciones apuntan a redes en distintos niveles de gobierno
Durante la presentación de información sobre los operativos, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dieron cuenta de indagatorias relacionadas con estructuras ilícitas que presuntamente tendrían conexiones en los tres órdenes de gobierno.
Los señalamientos colocan bajo escrutinio la capacidad de las instituciones para detectar y sancionar posibles conductas de servidores públicos que favorezcan a organizaciones criminales.
Sin embargo, la existencia de estas redes y la eventual responsabilidad de funcionarios deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes y las resoluciones de las autoridades judiciales.
Armenta concluyó que la revisión de las dependencias constituye una prioridad para su gobierno, al considerar que la seguridad pública también depende de impedir que las estructuras oficiales sean utilizadas para proteger actividades delictivas.
“La limpia de las instituciones, es el principal reto que tenemos a favor de las y los poblanos”, concluyó.
Foto: Agencia Enfoque
