El Congreso del Estado de Puebla aprobó modificaciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a la legislación de protección de datos personales, con el objetivo de atender una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inválidas diversas disposiciones locales.
Durante la sesión del Pleno, las y los diputados avalaron los cambios que eliminan atribuciones otorgadas a autoridades estatales en temas que corresponden exclusivamente al ámbito federal, principalmente en materia de acceso a la información relacionada con partidos políticos y organizaciones sindicales.
Con la reforma, las funciones de garantía sobre estos sujetos quedarán bajo responsabilidad del Instituto Nacional Electoral (INE), el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, conforme a las competencias establecidas por la legislación federal.
Uno de los ajustes centrales consiste en retirar al Instituto Electoral del Estado (IEE) y a los órganos laborales locales como autoridades garantes en procedimientos relacionados con información de partidos y sindicatos.
Además, el Congreso eliminó de la normativa estatal la posibilidad de establecer criterios propios sobre reserva de información por motivos de seguridad nacional, debido a que la SCJN determinó que esta materia pertenece a la Federación.
La aprobación del dictamen estuvo acompañada de un debate que se extendió por más de una hora, luego de que diputadas de oposición cuestionaran el proceso mediante el cual se construyó la reforma.
La legisladora del PAN, Susana Riestra Piña, expresó su inconformidad al señalar que las propuestas presentadas por su bancada no fueron consideradas en el dictamen final. También afirmó que el Congreso actuó con rapidez después de la resolución de la Corte para corregir las disposiciones invalidadas.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, acusó posibles irregularidades en el procedimiento legislativo y señaló que no fueron tomadas en cuenta diversas aportaciones realizadas durante los trabajos previos.
En contraste, legisladoras como Soledad Amieva y Norma Estela Pimentel señalaron que el punto central debía ser cumplir con el mandato constitucional y evitar convertir la discusión en un tema partidista.
Puebla acata resolución de la Corte
Con la aprobación del dictamen, el Poder Legislativo estatal armonizó sus leyes con los criterios establecidos por la Suprema Corte dentro de la controversia constitucional 217/2025.
A partir de estos cambios, las autoridades poblanas deberán dejar de aplicar los apartados que fueron declarados inconstitucionales y las solicitudes de información relacionadas con partidos políticos y sindicatos deberán ajustarse a las normas generales vigentes.
La reforma también establece que el IEE no cuenta con facultades para intervenir en la fiscalización o tutela de información de partidos políticos, atribuciones que corresponden al INE dentro del marco federal.
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