La crisis ambiental del antiguo relleno sanitario de San Pedro Cholula tiene su origen en decisiones de administraciones anteriores, particularmente en la concesión otorgada durante gobiernos del viejo régimen y la falta de supervisión sobre su operación. Mientras las consecuencias de esos incumplimientos mantienen inconformes a habitantes de más de 20 comunidades, el Gobierno de Puebla comenzó a intervenir para atender las demandas de saneamiento y avanzar en el cierre definitivo del sitio.
El conflicto alrededor del basurero, operado por Pro-Faj Hidrolimpieza, se intensificó por las denuncias de posibles afectaciones a terrenos agrícolas, mantos acuíferos y fuentes de abastecimiento de agua. Los pobladores responsabilizan a la empresa y exigen que cumpla los compromisos ambientales pendientes, entre ellos la extracción de lixiviados, el relleno del socavón y la restauración del terreno.
La concesión del servicio de disposición final de residuos fue autorizada por el Cabildo de San Pedro Cholula en diciembre de 2015. Desde entonces, la operación del sitio quedó bajo responsabilidad de la empresa, mientras que las denuncias por irregularidades y los incumplimientos ambientales derivaron en un conflicto que continúa sin resolverse.
Gobiernos anteriores, bajo señalamientos por concesión y supervisión
Las responsabilidades por el deterioro del relleno sanitario también apuntan a las administraciones panistas, señaladas por otorgar la concesión y no garantizar una supervisión suficiente de las actividades de la empresa.
Los cuestionamientos cobran relevancia ante los cinco procedimientos administrativos que la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot) inició contra Pro-Faj Hidrolimpieza. La dependencia determinó su responsabilidad en cinco expedientes y anunció que la compañía deberá restaurar el predio a las condiciones anteriores a las obras de ampliación.
Pueblos mantienen presión por saneamiento del relleno sanitario
Aunque el Gobierno estatal comenzó los trabajos para retirar los lixiviados acumulados y preparar el relleno del socavón, los habitantes mantienen sus exigencias y el plantón instalado en la carretera federal a Huejotzingo.
Entre los compromisos pendientes se encuentra la extracción de miles de litros de líquidos contaminantes, el retiro de maquinaria de la empresa y la recuperación ambiental del terreno.
Los pobladores también han cuestionado los avances de las autoridades, pues estiman que todavía permanecen más de 400 mil litros de lixiviados en el sitio.
De esta manera, el conflicto del relleno sanitario de Cholula mantiene en el centro del debate las responsabilidades de las administraciones que permitieron su operación y la obligación de las autoridades actuales de garantizar una remediación ambiental efectiva, sin que las comunidades tengan que continuar recurriendo a bloqueos y movilizaciones para exigir respuestas.
Fotografía: Agencia Enfoque
