José Enrique Girón Zenil, exsubsecretario de Egresos durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, fue inhabilitado por 15 años e impuesto con una multa de 241.9 millones de pesos tras ser encontrado responsable de irregularidades en la inversión de recursos públicos en Accendo Banco, institución financiera que colapsó en 2021.
La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Puebla emitió el fallo definitivo el 30 de septiembre de 2025, determinando que Girón Zenil incurrió en faltas administrativas graves, principalmente abuso de funciones y desvío de recursos públicos.
De acuerdo con la resolución, el exfuncionario autorizó junto con la entonces titular de Finanzas, María Teresa Castro Corro, la inversión de más de 600 millones de pesos del erario estatal en Accendo Banco, pese a las advertencias sobre la fragilidad financiera de la institución.
La sentencia señala que Girón Zenil intentó justificar la operación mediante la antedatación de un acuerdo administrativo, con el fin de aparentar legalidad en el manejo de los fondos públicos. El tribunal consideró que esta maniobra agravó su responsabilidad, al demostrar un intento deliberado de encubrir una acción irregular.
La multa impuesta —que equivale al 40% del daño patrimonial total de 604.9 millones de pesos— se suma a la inhabilitación de 15 años para ocupar cargos públicos o participar en procesos de adquisición y obra gubernamental.
Esta decisión judicial se convierte en la segunda sanción relevante en torno al escándalo Accendo, luego del castigo impuesto a Castro Corro, quien enfrenta una inhabilitación de 20 años y una multa de 362.9 millones de pesos.
El fallo fue resultado de un procedimiento administrativo iniciado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2024 y aprobado por unanimidad de votos en la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa.
Tras la resolución, diputados locales de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano demandaron que las investigaciones se amplíen a otros funcionarios que participaron en la inversión. Consideran que no sólo los titulares de Finanzas debieron responder, sino también quienes autorizaron, supervisaron o omitieron revisar las operaciones.
Mientras tanto, la actual administración estatal, encabezada por Alejandro Armenta, ha reiterado su política de “cero tolerancia a la corrupción” y aseguró que se priorizará la recuperación de los recursos públicos perdidos.
Actualmente, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene dos investigaciones penales abiertas por posible fraude y ejercicio indebido de funciones. También se sabe que más de 400 acreedores privados compiten en el proceso de liquidación del banco, lo que podría complicar la recuperación total de los fondos públicos.
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