Marilyn Cote, señalada por presuntamente ejercer como psiquiatra sin contar con las acreditaciones correspondientes, permanecerá en prisión preventiva luego de que un juez rechazó la suspensión condicional del proceso solicitada por su defensa. Con esta resolución, el caso avanzará a juicio oral por los delitos de usurpación de profesión y amenazas.
La audiencia se llevó a cabo en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula y duró aproximadamente dos horas. Durante la diligencia, la defensa de Cote solicitó la modificación de las medidas cautelares para que pudiera enfrentar el proceso en libertad. Sin embargo, el juez David Rodríguez González negó la petición al considerar que existen elementos que acreditan afectaciones morales, físicas y psicológicas en las víctimas.
Aunque la acusada no acudió de manera presencial al recinto judicial, participó mediante videoconferencia desde el Centro Penitenciario Femenil de Ciudad Serdán, donde permanece recluida desde noviembre de 2024.
Durante la audiencia, sus abogados argumentaron que las personas que acudieron con ella en busca de atención para padecimientos mentales o problemas psicoemocionales no sufrieron daño moral, por lo que consideraron improcedentes las reclamaciones por reparación del daño.
Como parte de su propuesta, la defensa ofreció 10 mil pesos como reparación. No obstante, las víctimas rechazaron el planteamiento y señalaron que los abogados intentaron presentar a la propia acusada como afectada dentro del proceso, pese a que las denuncias en su contra se relacionan con los presuntos daños derivados de la atención que habría brindado sin contar con formación profesional en psiquiatría.
Víctimas sí sufrieron afectaciones, determina el juez
Al resolver la solicitud, el juez concluyó que existen elementos suficientes para considerar que las víctimas sí padecieron afectaciones. Por ello, negó la suspensión condicional del proceso y ordenó que el procedimiento penal continúe hasta la etapa de juicio oral, donde se determinará la responsabilidad de Cote por los delitos que se le imputan.
Aunque las sanciones previstas para estos delitos del fuero común podrían ser menores a cinco años de prisión, la autoridad judicial consideró que el caso no debía concluir mediante un mecanismo alternativo. En caso de una sentencia condenatoria, también corresponderá al órgano jurisdiccional fijar el monto de la reparación del daño a favor de las víctimas.
El caso cobró relevancia pública en noviembre de 2024, cuando comenzaron a difundirse señalamientos contra Cote, originaria de Tlaxcala, por presuntamente ofrecer servicios de psiquiatría en un consultorio ubicado en la zona de Torres Médicas Angelópolis sin contar con los estudios ni las certificaciones requeridas para ejercer esa especialidad médica.
De acuerdo con las denuncias, diversas personas acudieron con ella en busca de atención para problemas de salud mental y posteriormente reportaron daños físicos, emocionales y psicológicos. Entre los señalamientos también figura la presunta prescripción de medicamentos controlados, situación que agravó el caso por los riesgos asociados al suministro indebido de fármacos.
Además del proceso del fuero común, Marilyn Cote enfrentará el próximo 24 de junio una audiencia en el ámbito federal, en la que se definirá si es vinculada a proceso por el delito de suministro de narcóticos, ilícito que contempla penas de entre cinco y 25 años de prisión. Esta investigación representa uno de los frentes legales más delicados en su contra.
Hasta ahora, Cote cuenta con estudios en Derecho y una cédula profesional en esa licenciatura, además de formación en Criminalística. Sin embargo, las acusaciones se centran en que habría ejercido como psiquiatra sin contar con la preparación académica ni las autorizaciones necesarias para desempeñarse como especialista.
Con la resolución judicial, Marilyn Cote permanecerá recluida en el penal femenil de Ciudad Serdán mientras el proceso continúa su curso hacia juicio oral. Para las víctimas, la decisión representa un avance, ya que evita que el caso concluya mediante una salida anticipada y garantiza que las acusaciones sean analizadas en una etapa procesal en la que se definirá tanto la responsabilidad penal de la acusada como la eventual reparación del daño.
Ilustración: Iván Rojas
