La presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma electoral con la que se busca crear un mecanismo de verificación para advertir a los partidos políticos sobre posibles vínculos de aspirantes a cargos de elección popular con la delincuencia organizada.
La propuesta, que será remitida a la Comisión Permanente para su eventual discusión en un periodo extraordinario, plantea modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) mediante la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, órgano que estaría adscrito al Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria explicó que la intención es fortalecer las capacidades institucionales para evitar que perfiles con presuntos nexos criminales lleguen a competir en procesos electorales, especialmente con miras a los comicios intermedios de 2027.
“Hay un tema de evitar que haya algún candidato de cualquier partido que tuviera un riesgo de vínculo de delincuencia organizada”, sostuvo Sheinbaum.
De acuerdo con la explicación presentada por la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, el proyecto contempla que la comisión esté integrada por cinco consejeros electorales nombrados por el Consejo General del INE para un periodo de tres años.
La funcionaria detalló que el órgano serviría como enlace entre los partidos políticos y dependencias encargadas de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, entre ellas la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El objetivo, explicó, será que las fuerzas políticas puedan entregar de manera voluntaria listas de aspirantes para que dichas autoridades emitan una valoración sobre si existe un “riesgo razonable” de vínculos con grupos delictivos.
“El objetivo es establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones con información necesaria para evitar que haya cualquier vínculo con organizaciones criminales”, señaló Alcalde.
El Gobierno federal aclaró que la propuesta no contempla impedir automáticamente el registro de aspirantes ni constituye una inhabilitación electoral.
Según la explicación oficial, la comisión únicamente entregará información a los partidos políticos para que éstos decidan internamente si mantienen o no una candidatura.
Además, quienes aspiren a competir por un cargo de elección deberán autorizar por escrito la revisión de su información, independientemente de si el partido solicita o no la consulta.
La presidenta explicó que la iniciativa surgió luego de diversos episodios registrados desde el inicio de su administración, donde autoridades municipales fueron señaladas por presuntos nexos con organizaciones criminales.
Entre los antecedentes mencionó la llamada Operación Enjambre en el Estado de México, así como el caso del alcalde de Teuchitlán, Jalisco, y hechos recientes ocurridos en Morelos.
“Son casos aislados, no es una cosa generalizada, pero es importante que, rumbo a la elección de 2027, exista algún mecanismo que permita a los partidos políticos saber si una persona tiene o no algún antecedente”, afirmó la mandataria.
Sheinbaum añadió que esta propuesta ya formaba parte del denominado “Plan A” de reforma electoral impulsado por su gobierno, pero permanecía pendiente luego de no concretarse modificaciones constitucionales más amplias. Ahora, ante la cercanía del proceso electoral de 2027, se busca concretarla mediante cambios legales específicos.
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