Agua de Puebla y el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP) enfrentan nuevos requerimientos judiciales para comprobar el tratamiento de aguas residuales, en medio de una demanda colectiva que cuestiona los cobros realizados por este servicio a miles de familias poblanas.
El abogado Néstor López Espinosa, representante legal de los promoventes, informó que el Juzgado Quinto de Distrito ordenó presentar 27 informes de saneamiento correspondientes al periodo de agosto de 2024 a octubre de 2026.
De acuerdo con el procedimiento judicial 53/2021, SOAPAP deberá entregar la documentación el 1 de diciembre, mientras que Agua de Puebla tendrá como fecha límite el 8 de diciembre, después de que ambas partes obtuvieron prórrogas.
El incumplimiento de estos requerimientos podría derivar en una multa de 5 mil 865 pesos, equivalente a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Exigen comprobar el servicio que cobran a los poblanos
La controversia se remonta a 2021, cuando integrantes de la Asamblea Social del Agua iniciaron acciones legales al considerar que la concesionaria podría estar cobrando por un saneamiento que no se realiza adecuadamente.
Según los demandantes, este concepto representa aproximadamente el 20 % del recibo de agua, por lo que buscan que se investigue el cumplimiento del servicio y, de acreditarse irregularidades, se ordene la devolución de los pagos.
La reclamación podría beneficiar a 501 mil usuarios de seis municipios, aunque cualquier reintegro dependerá de una resolución judicial.
SOAPAP argumentó que debe reunir 270 análisis correspondientes a cinco plantas de tratamiento. Por su parte, Agua de Puebla señaló que necesita recuperar información del sistema de registros de laboratorio de la Comisión Nacional del Agua.
Los activistas Ana Lluvia Vilchis, María Eugenia Ochoa, Francisco Castillo Montemayor y Manuel Sandoval reiteraron sus cuestionamientos sobre la calidad del servicio.
La empresa deberá respaldar documentalmente sus operaciones de saneamiento, mientras continúa el litigio para determinar si existen incumplimientos y posibles cobros indebidos.
Fotografía: Agencia Enfoque
