El Cabildo del municipio de Puebla aprobó nuevas reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, con el objetivo de impedir que personas con antecedentes de violencia o incumplimiento de pensiones alimenticias accedan a empleos dentro del gobierno local. La medida fue avalada por unanimidad y representa un paso firme en la implementación de la llamada “Ley 3 de 3 contra la violencia”.
Estas modificaciones, aplicadas a los artículos 10 y 11 de la norma laboral municipal, establecen que quedará excluida de cualquier cargo público —ya sea sindicalizado, de confianza o temporal— toda persona con sentencia firme por violencia familiar, agresión sexual o violencia de género. Lo mismo aplicará para quienes estén inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
La iniciativa fue impulsada por la Comisión de Equidad de Género, cuya presidenta, la regidora Mayte Rivera Vivanco, destacó que esta acción busca prevenir y erradicar la violencia en todos los ámbitos del servicio público. Rivera enfatizó que no se trata de castigar, sino de garantizar que quienes aspiran a representar al pueblo lo hagan con integridad y sin antecedentes que vulneren derechos fundamentales.
Además, quienes actualmente trabajen en el ayuntamiento y se encuentren dentro de estos supuestos no serán cesados de inmediato, pero deberán participar en cursos especializados ofrecidos por la Secretaría de Equidad Sustantiva como parte de un programa de prevención y atención integral.
Las reformas también fueron revisadas y respaldadas por expertos y académicos en derechos humanos y protección de la infancia, reforzando así su legitimidad y enfoque en la justicia social. El objetivo central es salvaguardar el interés superior de la niñez y contribuir a la construcción de una administración libre de violencia.
Foto: Agencia Enfoque
