A pesar de las aspiraciones de algunas comunidades indígenas de Puebla, San Miguel Canoa y La Resurrección no podrán adquirir la categoría de municipios, al menos en el corto plazo. Ninguna de estas juntas auxiliares ha cumplido con los requisitos constitucionales y legales necesarios, ni han formalizado solicitudes ante el Congreso local.
Desde hace tres años, líderes indígenas han impulsado la idea de que Canoa recupere su estatus como municipio —perdido décadas atrás—, y que La Resurrección sea promovida a esa categoría. Sin embargo, ambas localidades enfrentan obstáculos clave, como el número insuficiente de habitantes y la falta de infraestructura mínima exigida por ley.
De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, para que una comunidad pueda constituirse como municipio debe contar con una extensión territorial de al menos 100 kilómetros cuadrados, una población mínima de 25,000 personas, y un núcleo poblacional de al menos 10,000 habitantes con acceso a servicios básicos.
En el caso de San Miguel Canoa, su población apenas supera los 14,000 habitantes, mientras que La Resurrección tiene alrededor de 11,000, cifras que están muy por debajo del umbral requerido.
En La Resurrección, la situación se complica por un conflicto limítrofe con el municipio de San Pablo del Monte, en el estado de Tlaxcala. En 2022, autoridades tlaxcaltecas instalaron un anuncio para marcar sus límites territoriales, justo en la zona conocida como “Puente Cuata”. Esto fue interpretado como una apropiación de territorio que históricamente ha sido reconocido como parte del municipio de Puebla.
La Dirección de Límites Territoriales de San Pablo del Monte fundamentó su acción en un decreto federal de 1899, lo que ha generado inconformidad entre los habitantes poblanos, quienes aseguran que ese espacio pertenece a su comunidad.
En términos sociales y económicos, San Miguel Canoa presenta indicadores de alta marginación. Según datos del INEGI, más de 10,000 habitantes hablan una lengua indígena, y cerca de 600 personas no dominan el español. A pesar de estos retos lingüísticos, también hay un grupo significativo —alrededor de 1,500 personas— que habla inglés, como consecuencia de procesos migratorios.
En cuanto a infraestructura, alrededor de 749 viviendas tienen piso de tierra y 426 son de una sola habitación, lo que refleja condiciones precarias de vida. Además, sólo 47 hogares cuentan con computadora, y menos de 250 con lavadora.
En educación, la situación también es crítica. Más de 2,300 adultos mayores de 15 años no saben leer ni escribir, y otros tantos no han terminado la educación básica.
Frente a este panorama, la única junta auxiliar que actualmente reúne los requisitos para aspirar a convertirse en municipio es San Francisco Totimehuacan, de acuerdo con las evaluaciones más recientes. Esta posibilidad sigue siendo analizada por el Poder Legislativo.
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