En lo que va de 2026, cuatro municipios del estado de Puebla han sido escenario de la apertura de carpetas de investigación por delitos contra el medio ambiente, de acuerdo con información oficial. Estos casos se concentran en la zona norte del territorio poblano, una región que en los últimos años ha sido señalada por problemáticas relacionadas con la explotación de recursos naturales, particularmente la tala ilegal.
Así lo muestran datos de la Secretaría de Gobernación federal, los cuales indican que los municipios involucrados son Chignahuapan, Tetela de Ocampo, Venustiano Carranza y Zacatlán. En conjunto, estas demarcaciones acumulan un total de cuatro denuncias formales por conductas que atentan contra el entorno ecológico, lo que refleja un patrón localizado de este tipo de ilícitos en dicha región del estado.
Si bien cada uno de estos municipios registra al menos una denuncia formal, autoridades y reportes ciudadanos advierten que la problemática podría ser mayor. En el caso de Zacatlán, por ejemplo, se han documentado múltiples reportes por tala ilegal de árboles, una actividad que, además de constituir un delito ambiental, genera impactos negativos en los ecosistemas locales, como la pérdida de cobertura forestal y la alteración de los ciclos naturales.
Tan solo en el último año, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que en Zacatlán se presentaron 162 denuncias relacionadas con tala clandestina. No obstante, únicamente un bajo porcentaje de estos casos derivó en sanciones, lo que pone en evidencia los retos que enfrentan las autoridades para investigar, procesar y castigar este tipo de delitos de manera efectiva.
A nivel nacional, las cuatro denuncias registradas en Puebla durante 2026 colocan a la entidad en el sitio número quince entre 22 estados de la República donde se han iniciado carpetas de investigación por delitos ambientales. En este contexto, entidades como Ciudad de México, Michoacán y Nuevo León destacan por concentrar el mayor número de querellas, lo que refleja que esta problemática no es exclusiva de una sola región, sino que tiene un alcance más amplio en el país.
En el ámbito estatal, el gobierno de Puebla ha informado sobre avances en el combate a estos ilícitos durante el último año. Entre las acciones destacadas se encuentra la detención de 15 personas presuntamente involucradas en actividades ilegales, así como el aseguramiento de 13 vehículos utilizados para la comisión de estos delitos, lo que forma parte de una estrategia para frenar la explotación irregular de recursos naturales.
Asimismo, en febrero de este año se dio a conocer la eliminación de 112 hornos clandestinos empleados para la deshidratación o secado de madera obtenida de forma ilegal. Estas estructuras son comúnmente utilizadas en la cadena de aprovechamiento ilícito de recursos forestales. En el mismo periodo, las autoridades reportaron el aseguramiento de troncos equivalentes a 333 metros cuadrados de terreno, lo que evidencia la magnitud del problema y la necesidad de reforzar las acciones de vigilancia y protección ambiental.
Foto: Agencia Enfoque
