El presidente municipal de Cuyoaco, Iván Camacho, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, ahora por observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) que superan los 12.5 millones de pesos, correspondientes a su cuenta pública del año 2023. El informe individual revela inconsistencias en la ejecución de obra pública y en adquisiciones municipales, algunas con presunto daño patrimonial.
Estas observaciones se suman a los señalamientos que ya enfrentaba el edil, tras la difusión de videos donde se le acusa de ejercer abuso de poder, lo cual ha encendido alertas sobre su gestión.
Uno de los casos más relevantes es la obra de adoquinamiento en la calle Venustiano Carranza, en la localidad de San Andrés Payuca. En este proyecto se detectó un presunto daño patrimonial que asciende a 2.5 millones de pesos, debido a que no se solventaron las irregularidades encontradas en la ejecución de la obra.
Otro punto cuestionado es la organización del evento del Día de Reyes, donde el municipio reportó una inversión cercana a los 95 mil pesos en juguetes y pan. Sin embargo, los contratos relacionados presentan deficiencias legales, al carecer de elementos mínimos exigidos por la Ley de Adquisiciones, como la identificación de obligaciones, autenticidad de la operación y comprobación de entrega de bienes.
Además, la ASE identificó que al cierre del año fiscal 2023, el municipio mantenía en caja más de 1.3 millones de pesos en efectivo, lo cual va en contra de los lineamientos establecidos en el propio manual de tesorería. No se justificó adecuadamente por qué dichos recursos no fueron depositados en una cuenta bancaria, ni tampoco se explicó el motivo de mantener tanto dinero en caja sin aplicar.
La auditoría también señala que los ingresos recaudados no se destinaron conforme a los objetivos ni metas establecidos en la programación del municipio. Por ello, se ha emitido una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, lo que implica que se inicien investigaciones contra los servidores públicos responsables por la posible omisión o mal manejo de recursos.
Estas observaciones podrían desencadenar sanciones administrativas o procedimientos legales, en caso de comprobarse que hubo responsabilidades en el manejo irregular de fondos públicos.
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