El gobierno de Puebla anunció el inicio de una investigación en contra de Edgar Carrasco Gasca, rector del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte, tras su presunta participación como abogado en un caso de despojo en Zacatlán. La instrucción fue emitida por el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien ordenó revisar posibles irregularidades en el ejercicio simultáneo de funciones públicas y privadas, en un asunto que ha generado cuestionamientos sobre el actuar de servidores públicos en la entidad.
Durante una conferencia de prensa, el mandatario estatal fijó postura sobre el caso y advirtió que no es compatible ejercer la abogacía mientras se ocupa un cargo dentro de una institución pública. Armenta Mier señaló que esta situación podría constituir una falta administrativa, al implicar un conflicto entre responsabilidades institucionales y actividades particulares, lo que abre la puerta a una revisión formal por parte de las autoridades correspondientes. Su posicionamiento apuntó a reforzar criterios de legalidad dentro del servicio público.
El caso surge a partir de una denuncia en la que se señala que Carrasco Gasca participa como representante legal en un litigio relacionado con un predio en Zacatlán. De acuerdo con los señalamientos, el funcionario estaría involucrado en la defensa de personas acusadas de intentar apropiarse de un terreno conocido como “El Capulín”, cuya propiedad es disputada por una familia que asegura contar con documentación legal que respalda su posesión desde 2015. Este conflicto ha escalado a nivel público por la condición del rector.
Ante estos hechos, el gobernador instruyó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno iniciar una investigación formal para esclarecer la situación. Además, solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Samuel Aguilar Pala, con el objetivo de establecer un diálogo directo con el rector y revisar su actuación, lo que muestra una respuesta institucional ante el señalamiento público.
El Ejecutivo estatal también buscó deslindar a su administración de cualquier posible influencia en el litigio. Armenta Mier dejó claro que su gobierno no respalda ni interviene en el proceso legal en cuestión, al tiempo que subrayó que cualquier denuncia será atendida sin omisiones, independientemente de la cercanía o relación que pudiera existir entre los involucrados. Este mensaje apunta a evitar interpretaciones sobre un posible uso político del caso.
Mientras tanto, el conflicto legal en Zacatlán continúa su curso en tribunales, con la familia que reclama la propiedad del predio sosteniendo su derecho sobre el terreno. El caso pone en el centro del debate la actuación de servidores públicos fuera de sus funciones institucionales y la necesidad de garantizar transparencia en su desempeño, en un contexto donde la rendición de cuentas se mantiene como un eje clave en la administración pública estatal.
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