Habitantes de diversos fraccionamientos de Huejotzingo obtuvieron una suspensión provisional de un Juez Federal para recuperar el servicio de agua potable, luego de varias semanas de inconformidad por presuntos cortes en el suministro atribuidos al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huejotzingo (SOSAPAHUE). El conflicto escaló hasta instancias judiciales después de que vecinos denunciaran falta de respuesta por parte de las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Roberto Solís Valles.
La resolución judicial fue emitida dentro de un juicio de amparo promovido por ciudadanos afectados, quienes señalaron que las interrupciones en el servicio ocurrieron sin previo aviso y sin una explicación técnica clara, incluso en viviendas cuyos propietarios afirmaron estar al corriente en sus pagos. Los inconformes sostuvieron que los cortes impactaron directamente sus actividades diarias y generaron complicaciones para cubrir necesidades básicas dentro de sus hogares.
De acuerdo con la notificación del Poder Judicial de la Federación, difundida por los propios vecinos en redes sociales, las autoridades responsables fueron notificadas oficialmente el pasado 21 de mayo sobre la orden de restablecer el suministro de agua en los inmuebles afectados mientras continúa el análisis del caso. El mandato judicial establece además que debe garantizarse un mínimo vital de 50 litros diarios por persona para cubrir necesidades esenciales relacionadas con higiene, alimentación y salud.
El juez también puso bajo revisión la legalidad de las restricciones aplicadas por el organismo operador, al considerar que no existió un procedimiento administrativo plenamente acreditado para justificar la suspensión del servicio. Esta situación provocó señalamientos directos contra el SOSAPAHUE y contra el gobierno municipal de Huejotzingo, debido a que habitantes acusaron omisiones y falta de atención a sus solicitudes durante las semanas que permanecieron sin agua potable.
El recurso legal fue presentado el pasado 12 de mayo ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales con sede en San Andrés Cholula. Los vecinos acompañaron la demanda con documentos y pruebas para acreditar afectaciones derivadas de la falta de agua, principalmente en fraccionamientos que dependen de sistemas hidroneumáticos para abastecer las viviendas.
Mientras el proceso judicial continúa, las autoridades involucradas deberán rendir un informe ante el Juzgado Federal en un plazo de 48 horas, donde deberán responder a los señalamientos realizados por los ciudadanos. Será durante la audiencia incidental cuando se determine si la suspensión provisional otorgada por el juez se mantiene de manera definitiva mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por los habitantes afectados.
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