El juicio oral por el feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón sumó su trigésima audiencia este 14 de julio, sin que hasta ahora se vislumbre una resolución cercana. El proceso, que inició en marzo de 2025, ha estado marcado por constantes interrupciones, cambios en las defensas legales, amparos y diferimientos solicitados por los acusados.
Durante esta jornada, la familia de la víctima volvió a manifestar su frustración ante el ritmo del juicio. Helena Monzón, hermana de Cecilia y también abogada, hizo énfasis en que uno de los obstáculos reiterados ha sido la petición de los acusados para tomar recesos prolongados, incluso para desayunar, situación que ha ralentizado varias sesiones. La familia ha tenido que solicitar que estos tiempos se gestionen antes de iniciar la audiencia, para evitar nuevas pausas innecesarias.
De acuerdo con la hermana de la víctima, esta práctica ya es una constante, al grado que el tribunal ha solicitado a las autoridades penitenciarias asegurar la alimentación previa de los imputados, para evitar mayores demoras. A pesar de esto, las interrupciones han seguido ocurriendo.
La audiencia 30 incluyó la participación de dos peritos, uno de los cuales finalizó su testimonio, mientras el otro apenas pudo comenzar, por lo que su intervención continuará en la siguiente sesión. La madre de Cecilia, quien siguió la audiencia de manera remota, logró mantenerse firme pese a los detalles expuestos por los especialistas.
Las próximas audiencias fueron fijadas para el 16 y 18 de julio, justo antes del receso judicial por vacaciones, lo que podría generar un nuevo periodo de inactividad en el proceso.
A más de dos años del asesinato de Cecilia Monzón, su familia denuncia que la falta de celeridad judicial representa una revictimización. Además, recordaron que la audiencia previa tuvo que ser suspendida debido a un argumento de salud presentado por la defensa de Javier N., uno de los principales imputados y ex candidato a gobernador de Puebla.
El caso involucra a cuatro personas señaladas como responsables, incluido Javier N., acusado como autor intelectual, junto con Jair N. y Silvestre N., presuntos autores materiales. Un cuarto implicado continúa en revisión judicial.
El asesinato de Cecilia Monzón no solo causó indignación nacional, sino que también impulsó la creación de la Ley Monzón, una reforma legal que impide a feminicidas sentenciados o procesados ejercer la patria potestad. Esta medida ya ha sido adoptada en otras entidades del país.
La familia de la víctima se mantiene activa en el proceso judicial, decidida a obtener justicia, mientras el juicio sigue extendiéndose más allá de lo que la sociedad y las víctimas esperaban.
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