La Cámara de Diputados recibió una propuesta legislativa que busca proteger a las infancias víctimas indirectas del feminicidio. La iniciativa, presentada por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), pretende establecer a nivel federal la llamada “Ley Monzón”, la cual plantea la pérdida inmediata y definitiva de la patria potestad para padres procesados o sentenciados por feminicidio.
Durante la presentación, la diputada Nora Merino Escamilla y Helena Monzón, hermana de la abogada asesinada Cecilia Monzón, dieron voz a una exigencia nacida del vacío legal que deja en la indefensión a los hijos e hijas de mujeres asesinadas por violencia de género.
Helena Monzón explicó que, tras el feminicidio de su hermana en mayo de 2022 en Puebla, se enfrentaron a una realidad legal alarmante: el presunto asesino conservaba los derechos legales sobre el hijo de Cecilia. Esta situación fue el detonante para visibilizar una omisión normativa de alcance nacional.
La diputada Escamilla destacó que Cecilia Monzón fue una mujer valiente, que rompió esquemas al alzar la voz por las mujeres y las infancias, incluso enfrentándose al sistema. Resaltó que esta iniciativa busca honrar ese legado y brindar justicia real a las víctimas y sus familias.
La propuesta incluye tres ejes fundamentales:
- Suspender de manera inmediata la patria potestad cuando exista una vinculación a proceso por feminicidio, tentativa de feminicidio o violencia familiar grave.
- Extinguirla definitivamente si hay una sentencia condenatoria.
- Prohibir cualquier régimen de custodia, tutela o convivencia en favor del agresor.
A pesar de que varios estados, incluido Puebla, ya han aprobado reformas similares, la falta de un marco federal uniforme ha dejado en la indefensión a muchas niñas y niños. Por ello, los impulsores de esta ley buscan que el Congreso eleve esta lucha local al nivel nacional.
La iniciativa cuenta con respaldo institucional: la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla, el Ayuntamiento de Puebla y diversas colectivas feministas han manifestado su apoyo, señalando que la “Ley Monzón” no solo es una reforma legal, sino una acción urgente con perspectiva de género.
Con esta propuesta, se espera cerrar una brecha legal que permite que los presuntos o sentenciados por feminicidio mantengan poder legal sobre las y los hijos de sus víctimas. La iniciativa es un paso hacia una justicia integral que considera a las infancias como sujetos de derechos y no como efectos colaterales del delito.
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