Más de mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Puebla suspendieron actividades este viernes 6 de noviembre, como parte del paro nacional contra el nuevo esquema de evaluación del desempeño impulsado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), al considerar que los criterios establecidos ponen en riesgo sus derechos y estabilidad laboral.
La protesta se concentró en las instalaciones del Sexto Circuito, ubicadas en San Andrés Cholula, donde los accesos fueron cerrados con cadenas desde las primeras horas del día. Los inconformes se apostaron en el exterior del inmueble para impedir el desarrollo habitual de las actividades jurisdiccionales.
La movilización comenzó desde la noche del jueves, cuando trabajadores de base se organizaron para colocar cadenas en las entradas del Palacio de Justicia Federal.
El rechazo se dirige al mecanismo que contempla calificaciones de cero a 100 puntos para medir los conocimientos, preparación profesional y desempeño de secretarios proyectistas, asistentes, actuarios y oficiales judiciales.
Las pruebas están programadas para los días 4, 8, 14 y 15 de diciembre de 2026. Sin embargo, los empleados cuestionan que el examen de conocimientos represente únicamente 40 por ciento de la calificación, mientras que el resto dependa de valoraciones de superiores, compañeros y otros indicadores.
A juicio de los manifestantes, este modelo abre la posibilidad de evaluaciones subjetivas, favoritismos y posibles represalias internas. Por ello, exigen criterios objetivos, reconocimiento de su trayectoria profesional y programas de capacitación continua.
El paro forma parte de una movilización nacional que alcanzó al menos 16 entidades, entre ellas Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Michoacán y Guanajuato.
OAJ descarta despidos en primera evaluación
En medio de las inconformidades, el Órgano de Administración Judicial informó que las evaluaciones de diciembre tendrán carácter exclusivamente diagnóstico y no implicarán aprobaciones, reprobaciones ni consecuencias individuales sobre la permanencia de los trabajadores.
El organismo explicó que esta primera etapa servirá para identificar necesidades de capacitación y fortalecer los conocimientos del personal judicial.
Precisó que la evaluación ordinaria, cuyos resultados sí tendrán efectos conforme a la legislación, se realizará después de concluir las acciones de preparación.
Pese a esta postura, los trabajadores mantienen su rechazo al mecanismo y demandan revisar sus condiciones de aplicación. Mientras continúan las protestas, los juzgados y tribunales federales mantienen actividades limitadas a la atención de asuntos urgentes mediante guardias.
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