La Fundación Julita y Antonio del Valle Talavera denunció que el 20 por ciento de las construcciones que se encuentran en el predio La Covadonga, presuntamente invadido hace dos años por la empresa Agua Inmaculada, permanecen sin ser demolidas, lo que ha permitido que continúe la venta de lotes de manera fraudulenta.
Por lo anterior, solicitó la intervención de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano municipal, al recordar que cuenta con el amparo 257/2025, el cual establece que el terreno, ubicado en el kilómetro 13, en la colonia Ignacio Zaragoza, debe ser desalojado por completo.
En conferencia de prensa este jueves 21 de agosto, Jesús González Shmal, representante legal de la fundación, recordó que en julio pasado se recuperaron las primeras ocho hectáreas del predio que estaba invadido.
No obstante, acusó que no se procedió con el 20 por ciento restante, que abarca 20 mil metros cuadrados, debido a que una persona frenó la demolición al presentar un oficio que alude una demanda entre particulares referente a la venta del terreno.
Expuso que las construcciones ilegales en el predio estaban resguardadas por mallas, las cuales delimitaban el lugar hacia Tlaxcala.
El propietario del terreno recordó que la invasión se registró en abril de 2023, cuando un grupo armado tomó posesión del lugar sin ninguna justificación. Además, a inicios de 2025, fue invadido otro predio de tres hectáreas, ubicado justo enfrente.
Explicó que el terreno estaba destinado a ser donado para fines de caridad, pero esta situación ha impedido cumplir con ese propósito.
Jesús González Shmal denunció que los invasores delimitaron el terreno en 450 lotes, de los cuales el 50 por ciento han sido comercializados de manera fraudulenta, a través de un enganche que oscila entre los 50 mil y 60 mil pesos.
Según la Fundación Julita y Antonio del Valle Talavera, se han presentado cuatro denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra la empresa Agua Inmaculada y Jorge Mendoza, quien se ostenta como dueño del terreno.
También se presentó una demanda ciudadana ante la dependencia municipal y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para que las instancias correspondientes actúen conforme a la ley.
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