El activista poblano Renato Romero Camacho fue enviado al penal de San Pedro Cholula como medida cautelar, luego de que un juez determinara que debía mantenerse bajo prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica. La audiencia para definir su vinculación a proceso se celebrará el próximo lunes 7 de julio.
Las autoridades estatales lo señalan por su presunta participación en actos vandálicos en un predio de San Miguel Xoxtla, donde se ubica infraestructura de Agua de Puebla. Según la Fiscalía General del Estado (FGE), Romero y un grupo de personas habrían causado importantes daños materiales a las tuberías del suministro de agua potable, utilizando piedras y otros objetos contundentes durante una protesta.
El arresto de Romero se llevó a cabo en la colonia Granjas Puebla, en la capital del estado. Fue localizado por agentes ministeriales y trasladado de inmediato para quedar a disposición de la autoridad judicial.
Frente a esta situación, la Secretaría de Gobernación de Puebla emitió un llamado formal a la Fiscalía, solicitando una evaluación jurídica que permita considerar la prisión domiciliaria como alternativa. El titular de la dependencia, Samuel Aguilar Pala, dirigió esta solicitud con base en principios de legalidad y equidad procesal.
De acuerdo con la Segob, la intención es garantizar el respeto a los derechos del activista sin obstaculizar el desarrollo de las investigaciones, en un contexto socialmente delicado como lo es el conflicto por el agua en Xoxtla.
La postura oficial se hizo pública un día después del ingreso de Romero al Cereso de Cholula, y se enmarca en un llamado a buscar alternativas que permitan el seguimiento legal del caso sin incurrir en injusticias procesales. Ahora, la decisión quedará en manos de las autoridades judiciales, quienes deberán valorar si existen las condiciones legales para modificar la medida cautelar impuesta.
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