Un tribunal federal puso fin a una de las disputas legales más sonadas entre particulares en México, al declarar la absolución de cinco integrantes de la familia Jenkins y dos de sus abogados, acusados de un presunto desvío millonario relacionado con la Fundación Mary Street Jenkins.
La resolución fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Toluca, que invalidó las órdenes de aprehensión y canceló la carpeta de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) reabrió en 2020, a pesar de que el caso ya había sido archivado desde 2018.
Entre los absueltos se encuentran Roberto, María Elodia, Margarita Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar y Juan Guillermo Eustace Jenkins, así como sus abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz. Los magistrados consideraron que la reapertura del expediente fue ilegal, lo cual anuló la validez de cualquier acción penal en su contra.
La controversia se remonta a 2014, cuando Guillermo Jenkins de Landa, primogénito de la familia, acusó a sus propios hermanos y padres de desviar fondos de la fundación creada en 1954 con fines filantrópicos. El monto señalado en ese momento ascendía a 720 millones de dólares, lo que colocó al caso entre los más mediáticos del país.
Guillermo Jenkins no solo denunció el presunto desfalco, sino que también señaló la participación de figuras del ámbito académico y político, como Luis Ernesto Derbez, entonces rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), institución que administra la fundación. Derbez, quien también fue canciller en el sexenio de Vicente Fox, fue señalado como actor clave en el conflicto patrimonial.
La disputa legal tuvo consecuencias graves para la UDLAP, que cerró sus puertas durante siete meses en 2021 a raíz del proceso judicial. Durante ese periodo, según el rector Derbez, la institución perdió cerca de tres mil alumnos y más del 70% de su personal docente, lo que significó una afectación económica de más de 300 millones de pesos.
Además, Derbez fue separado de su cargo tras emitirse una orden de aprehensión en su contra, aunque posteriormente fue absuelto en 2022 y retomó la rectoría el 1 de agosto de 2023.
Actualmente, la universidad mantiene una matrícula de 8,575 estudiantes, pero se ha fijado como meta volver a superar los 12 mil alumnos para el año 2028, con el objetivo de recuperar su presencia e impacto educativo.
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