El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos ha dejado una marca visible en Puebla: en lo que va del año han sido deportados 4,487 poblanos, de acuerdo con cifras oficiales del gobierno estatal. La tendencia muestra un repunte significativo en las repatriaciones tras la llegada de Donald Trump nuevamente al poder el pasado 20 de enero.
Durante los primeros 19 días del año —con Joe Biden aún como presidente de Estados Unidos— se reportaron 610 deportaciones de personas originarias de Puebla. Sin embargo, esta cifra se multiplicó en los meses siguientes: entre el 20 de enero y el 27 de junio, ya bajo la nueva administración, 3,877 poblanos fueron retornados forzosamente al país, lo que representa más del 85% del total anual hasta la fecha.
Estas cifras confirman una reanudación agresiva de las redadas y políticas antimigrantes promovidas por la administración Trump, cuyo enfoque se ha centrado nuevamente en aumentar el número de detenciones, acelerar procesos de deportación y reducir las posibilidades de asilo.
La diferencia entre ambos periodos es notoria: en tan solo poco más de cinco meses bajo el nuevo gobierno estadounidense, se han deportado más de seis veces el número de personas que fueron expulsadas en las primeras tres semanas del año. El impacto directo se refleja en cientos de familias poblanas que han visto a sus seres queridos regresar repentinamente, sin recursos ni planes definidos.
Ante esta situación, las autoridades poblanas han intensificado sus esfuerzos de respuesta. Como parte de la estrategia estatal, se han organizado reuniones comunitarias en cabeceras distritales como Atlixco y Amozoc, donde se han escuchado testimonios y necesidades de los migrantes retornados, con el objetivo de articular apoyos concretos.
Uno de los primeros pasos fue la implementación del programa “Migrante Emprende”, que consiste en brindar apoyo económico a repatriados para la creación de pequeños negocios. En su primera fase, ya se entregaron 50 cheques de 20 mil pesos cada uno, lo que representa una inversión inicial de un millón de pesos. La finalidad es que las personas deportadas puedan reinsertarse productivamente en sus comunidades de origen, enfrentando así el impacto del retorno forzado con alternativas sostenibles.
El gobierno estatal asegura que seguirá monitoreando la evolución del fenómeno migratorio, al mismo tiempo que fortalece la red de programas sociales orientados a brindar una segunda oportunidad a quienes, después de años en el extranjero, deben comenzar de nuevo.
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