Habitantes de comunidades indígenas y colectivos ambientalistas de distintos municipios de Puebla acordaron intensificar sus exigencias contra la operación de rellenos sanitarios que, aseguran, han provocado afectaciones graves al entorno y a la salud de la población.
Durante la asamblea denominada “Pueblos organizados por la vida y en contra de los basureros”, realizada en Huehuetla, los participantes coincidieron en demandar la intervención urgente de autoridades estatales y federales para atender dos casos prioritarios: el cierre definitivo del relleno sanitario de Teziutlán y la reparación ambiental integral del sitio clausurado en Tehuacán.
Incumplimientos tras clausura en Tehuacán
En el caso del relleno sanitario de Tehuacán, clausurado en 2023 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los representantes comunitarios señalaron que, aunque la autoridad federal impuso medidas correctivas, el Ayuntamiento no ha cumplido con lo ordenado.
Explicaron que tras la clausura se estableció la obligación de retirar residuos peligrosos y biológico-infecciosos que permanecen en el predio, así como trasladarlos a centros especializados de confinamiento. Sin embargo, denunciaron que a casi tres años del cierre, estas acciones siguen pendientes, lo que mantiene latente un riesgo ambiental.
Ante esta situación, pidieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales declarar el terreno como pasivo ambiental, con el fin de que el gobierno federal asuma directamente la ejecución de las medidas correctivas.
Teziutlán: exigencia de cierre inmediato
Respecto al relleno sanitario de Teziutlán, las comunidades reiteraron su demanda de que se suspenda la disposición de residuos y se aceleren los procedimientos para concretar su clausura definitiva.
Desde 2021, vecinos y organizaciones han realizado diversas movilizaciones argumentando que la filtración de lixiviados ha contaminado fuentes de agua y afectado cultivos en la región. Además, expresaron preocupación por un posible incremento en casos de cáncer cervicouterino, que atribuyen a las condiciones ambientales derivadas del basurero.
Los participantes sostienen que la operación del sitio representa un riesgo constante para la salud pública y el equilibrio ecológico.
Denuncian racismo ambiental
Durante la asamblea, los pueblos originarios y activistas también denunciaron prácticas que califican como racismo ambiental. Consideran que existe un patrón en el que autoridades y empresas instalan sitios de disposición final de residuos en territorios rurales o indígenas, donde la resistencia institucional es menor.
Asimismo, manifestaron su inconformidad por lo que describen como beneficios otorgados a empresas privadas tras el cierre de otros rellenos sanitarios, así como por la sobrecarga de infraestructura existente.
Los colectivos advirtieron que mantendrán la organización regional hasta lograr soluciones definitivas, al considerar que la defensa del territorio y la salud comunitaria es prioritaria.
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