A nueve meses de que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla emitiera un informe que ubicó al penal de Huejotzingo como el peor centro penitenciario del estado, el gobierno municipal apenas comienza a plantear medidas para enfrentar la situación, dejando en evidencia una falta de respuesta oportuna por parte del ayuntamiento encabezado por Roberto Solís Valles.
La CDH denunció en enero de este año condiciones alarmantes en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Huejotzingo: infraestructura deficiente, dormitorios inadecuados y una sobrepoblación crítica, con 238 internos en un espacio diseñado para solo 117. Sin embargo, no fue sino hasta ahora, en octubre, que el presidente municipal anunció que se analiza el traslado de apenas 30 personas privadas de la libertad a otros penales del estado.
Aunque el edil confirmó que sostuvo una reunión con el subsecretario de Centros Penitenciarios, Jorge Carlos Bobadilla, para hablar del tema, no dio detalles concretos sobre fechas, destinos o mecanismos del traslado. La propuesta, además de tardía, carece de claridad y firmeza, lo que deja dudas sobre su efectividad real.
Mientras tanto, las condiciones de hacinamiento siguen sin solución inmediata y los derechos humanos de los internos continúan vulnerados. La inacción prolongada del gobierno municipal podría interpretarse como una normalización del abandono institucional en el sistema penitenciario local.
A esto se suma el anuncio de que dos custodios serán removidos por faltas administrativas, aunque Solís reconoció que en muchos casos no se actúa contra los elementos por lo complejo del proceso de sustitución, lo cual revela una política permisiva ante las malas prácticas internas. Esto ocurre en un contexto en el que recientemente circuló un video que muestra a un policía golpeando a un interno, hecho que el edil atribuyó a la administración pasada, asegurando que el agresor ya no labora en el penal.
Con estas declaraciones, el presidente municipal parece más enfocado en deslindarse de responsabilidades que en resolver a fondo la crisis del penal. Hasta ahora, las acciones del ayuntamiento parecen reactivas, parciales y carentes de un plan integral que atienda tanto la infraestructura como el respeto a los derechos humanos en el Cereso de Huejotzingo.
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