La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla emitió una recomendación al Ayuntamiento de Huachinango para que garantice la reparación del daño psicológico y económico a los familiares de un recluso que falleció tras ser trasladado del penal de la localidad a un hospital. La recomendación busca garantizar justicia y atención a las víctimas indirectas, es decir, los familiares que sufrieron el impacto de la muerte del reo.
Este pronunciamiento corresponde a la tercera recomendación de la CDH en 2026, derivada de un caso denunciado hace más de un año. La víctima había informado a sus familiares sobre agresiones sufridas por custodios dentro del centro penitenciario, lo que evidencia posibles fallas graves en la supervisión y trato hacia las personas privadas de la libertad.
De acuerdo con la investigación, el 22 de diciembre de 2024, el recluso comunicó a sus familiares que tenía dolores intensos y había vomitado sangre, señalando además que había sido golpeado el día anterior por tres custodios. A pesar de sus solicitudes, el traslado al hospital se realizó hasta el 23 de diciembre, cuando ya se encontraba en estado crítico, lo que sugiere una atención tardía frente a un caso de emergencia médica. Finalmente, el 24 de diciembre se confirmó su fallecimiento en el centro médico, marcando el desenlace de un proceso que pudo haberse evitado con medidas preventivas y una atención más oportuna.
Tras entrevistar a internos y directivos del penal, y analizar la causa de muerte, la CDH concluyó que hubo violaciones a los derechos humanos relacionados con la seguridad personal, jurídica y la integridad física de la víctima. Estas conclusiones resaltan la necesidad de que los sistemas penitenciarios garanticen protección y respeto a las personas bajo custodia, así como protocolos claros para atención médica inmediata.
Por ello, la CDH recomendó que el gobierno municipal asegure una reparación integral del daño, que incluya atención psicológica especializada para los familiares, así como capacitación constante para el personal penitenciario. Además, se hace énfasis en implementación de medidas para garantizar la compensación económica por los perjuicios ocasionados, un paso fundamental para restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
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