La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla inició una queja de oficio por el desalojo de personas que rentaban habitaciones en un inmueble ubicado en la calle 5 Poniente del Centro Histórico, ocurrido durante el fin de semana, luego de que el caso se hiciera público a través de redes sociales.
Tras difundirse que las personas que habitaban el inmueble fueron desalojadas sin recibir una explicación clara, personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla acudió al lugar de los hechos para conocer de primera mano la situación y recabar información directa de las personas afectadas.
Mediante un comunicado oficial, el organismo autónomo informó que las personas desalojadas manifestaron haber sido sacadas de sus habitaciones con el uso de la fuerza pública, situación que encendió alertas por posibles vulneraciones a sus derechos humanos.
De acuerdo con los testimonios recabados por la CDH, durante el desalojo se registraron daños en chapas de las puertas, además de la presunta pérdida de dinero en efectivo y pertenencias personales, lo que agravó la afectación para quienes residían en el lugar.
Asimismo, se informó que algunas de las personas desalojadas solicitaron el apoyo de la Comisión para poder acceder a un albergue, debido a que tras el operativo se quedaron sin un sitio donde habitar, situación que colocó a los afectados en un estado de alta vulnerabilidad.
La CDH de Puebla sostuvo que estableció comunicación directa con las personas afectadas y reiteró su compromiso de dar seguimiento puntual al caso, con el objetivo de priorizar la protección de la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales.
Sobre este hecho, se tiene conocimiento de que al menos diez personas resultaron afectadas por el desalojo, el cual ocurrió en las inmediaciones de las oficinas de la propia Comisión en la ciudad de Puebla, lo que facilitó la intervención inmediata del organismo.
Con la apertura de esta queja de oficio, la Comisión buscará esclarecer los motivos exactos del desalojo, así como determinar si durante la intervención se incurrió en violaciones a derechos humanos, lo que permitiría emitir las recomendaciones correspondientes a las autoridades involucradas.
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