La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla emitió una recomendación dirigida al Ayuntamiento de Tecamachalco tras acreditar violaciones a la seguridad jurídica y la libertad personal de un hombre que fue detenido y agredido por policías municipales durante un incidente ocurrido en octubre de 2027.
La CDH señaló que el Ayuntamiento de Tecamachalco, encabezado actualmente por Mateo Hernández López, incurrió en violaciones a los derechos humanos de legalidad e integridad, por lo que esta es la décimo tercera recomendación emitida por el organismo en lo que va de 2026.
De acuerdo con el expediente, el 27 de octubre de 2024 la víctima estuvo involucrada en un incidente vehicular en el que impactó levemente por detrás el automóvil de un repartidor de pan. El conflicto escaló tras un acuerdo inicial de pago de 700 pesos y la intervención de la policía municipal.
El afectado relató que ambas partes habían llegado a un arreglo económico, pero posteriormente el repartidor comenzó a insultarlo y a agredirlo físicamente, lo que motivó que testigos solicitaran la presencia de elementos de seguridad pública. Tras el arribo policial, ambos fueron detenidos sin una valoración adecuada de los hechos.
La víctima señaló que, una vez en las instalaciones del C4 de la zona, fue golpeado en piernas, muslo y abdomen, además de recibir insultos por parte de los elementos. Posteriormente fue esposado y agredido físicamente con un objeto contundente contra una pared.
En la recomendación se detalla también que a la otra persona detenida se le exigió el pago de 3 mil pesos por una supuesta multa, sin que se le entregara comprobante. La víctima principal, por su parte, pagó 4 mil 500 pesos para la devolución de su vehículo sin recibir recibo oficial.
Tras la investigación, la CDH Puebla concluyó que existieron diversas irregularidades y omisiones en la actuación policial, por lo que recomendó al Ayuntamiento de Tecamachalco indemnizar a la víctima y garantizar reparación integral del daño.
Asimismo, el organismo pidió que se otorgue atención psicológica a la persona afectada, en caso de ser necesario, y que se inicie una investigación formal contra los elementos de seguridad involucrados en los hechos.
Fotografía: Redes
