La falta de obstáculos legales para obtener amparos en contra de Agua de Puebla —empresa conocida como Concesiones Integrales— demuestra la mala calidad del servicio que presta desde hace más de una década, denunciaron integrantes de la Contraloría Autónoma del Agua “Joel Arriaga”.
En conferencia de prensa, representantes de la organización señalaron que, junto con la Asamblea Social del Agua y activistas como el fallecido Omar Jiménez Castro, se han ganado más de 500 amparos por irregularidades en el servicio, sin que la empresa haya revertido sus prácticas ni mejorado la atención a los usuarios.
María Eugenia Ochoa, vocera de la Contraloría Autónoma, indicó que todos los amparos han sido promovidos con recursos propios y se han ganado, lo que —dijo— evidencia tanto el incumplimiento de la concesionaria como la falta de voluntad política por parte de las autoridades para revisar o revocar su operación.
Recordó que algunos de estos amparos permitieron acceder a información sobre el contrato de concesión otorgado por el Congreso del Estado en diciembre de 2013, lo que reveló otras irregularidades y omisiones en el servicio.
“Los triunfos jurídicos son evidencia del daño causado por la empresa. No hemos perdido ninguno y todos demuestran que hay fundamentos para cuestionar el modelo de concesión”, afirmó.
Exigen tipificar contaminación del agua como delito federal
Las organizaciones hicieron un llamado urgente para que el saneamiento de los ríos Atoyac y Alseseca sea incluida como una obligación directa en el contrato de Agua de Puebla, ya que los niveles de contaminación representan un riesgo para la salud pública.
También solicitaron que la contaminación del agua sea tipificada como delito federal, pues aunque el Código Penal contempla delitos ambientales, consideran que la gravedad de los afluentes contaminados amerita una reforma de mayor alcance.
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